Militarización de México. Iniciativas para Ley de Seguridad Interior

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Ver militares en las calles de los pueblos y ciudades del país, se ha convertido en una imagen bastante cotidiana para muchos, es preocupante que nos parezca así.

La militarización del país es un hecho, a partir de la declaración de guerra contra el narco de Calderón, los militares han salido a las calles a desempeñar tareas que no les corresponden, operando, además, discrecional y arbitrariamente sin un marco legal que limite y conduzca sus actividades; violentando así la propia Constitución y atentando contra el Estado de Derecho, si es que existe en México.

El tema toma relevancia, a últimas fechas, debido a que varias iniciativas, sobre la nueva Ley de Seguridad Interior, se preparan para ser discutidas en el Congreso. Dichas iniciativas contemplan figuras extremadamente peligrosas que legitiman la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, bajo el argumento conceptual de que se trata de “seguridad interior” y no “pública (siendo que lo se contempla encuadra en la segunda).

Algo de lo que más ha preocupado a los críticos es que en varias de estas iniciativas se hace mención que el ejército está legitimado para hacer uso de la fuerza cuando se trate de: “repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”. El hecho de autorizar el uso de la fuerza bajo términos tan ambiguos es sin duda, preocupante. Más aún cuando en recientes fechas observamos, en Tepic, lo que representa que las fuerzas armadas hagan uso de la “fuerza”. Un escenario de guerra propio de una película Hollywoodense, en el que un helicóptero neutralizaba a grupos armados disparando con armas de alto calibre desde los aires.

Lo anterior, algunos pudieran justificarlo al decir que se trataba de maleantes, pero el hecho de poner en riesgo a cientos de civiles al hacer uso desproporcionado de la fuerza en una zona residencial es injustificable. Este tipo de combates llevados a cabo por el ejército son propios de un estado de excepción y de guerra, violentan garantías de seguridad y derechos humanos, además de realizar ejecuciones sin previo juicio.

Y es que tal vez, no sea culpa del ejército, al final de cuentas para eso están entrenados, el caso es que hemos confundido la labor específica de las Instituciones en materia de seguridad. El propio Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha declarado que el ejército se ha visto envuelto en una guerra contra el narcotráfico que los ha llevado a realizar tareas que no les corresponden, como lo es el hecho de perseguir delincuentes. Y es que las iniciativas de la nueva Ley, contemplan incluso que el ejército lleve a cabo labores de investigación y captura de delincuentes. Entendamos que esa no es tarea de las fuerzas armadas, sino de las policías y los fiscales (Ministerios Públicos).

Y no es que no se reconozca la labor del ejército, sin duda, ha sido de ayuda, pero no la solución. Entendamos que no están capacitados para la convivencia cotidiana con la sociedad civil, ni para hacer las veces de policías, operan bajo reglas distintas, desde el 2014 la SEDENA no informa el número de muertos en los enfrentamientos, lo que ocasiona que el control de sus actividades sea muy complicado. Son ya 10 años de guerra constante, el hecho de que el ejército esté en las calles ha ocasionado nutrir la apatía de los gobiernos locales por no capacitar a sus policías, las policías siguen siendo corrompidas por el crimen, los gobiernos estatales y municipales no han planteado soluciones para combatir la ineficiencia y corrupción de las policías y esto ocasiona a intentar forzar la permanencia del ejército a través de una ley que se los permita, no se está atacando el problema de fondo.

Lo que necesitamos es una marco regulatorio para definir los límites y alcances de las actuaciones militares en temas de seguridad pública, para exigir transparencia, controles judiciales y rendición de cuentas por parte de la Fuerzas Armadas y para establecer la salida progresiva de los militares de las calles; elementos que no contemplan las iniciativas. Y sin lugar a dudas, que los gobiernos locales comiencen a trabajar en profesionalizar a las policías, a ofrecer capacitaciones y salarios bien remunerados a quienes se encargan de la seguridad pública, que se avoquen a hacer su trabajo y a no esperar a que el ejército venga a hacer lo que les corresponde.

Twitter: @arielcarbajalr

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