¿A poco no…? La misión imposible de combatir corrupción e ineficiencia

¿A poco no te preocupa la situación imperante en materia de seguridad y justicia a nivel nacional y local? Estoy seguro que sí, como también parece ocupar muy poco a las autoridades. Negligencia, corrupción, impunidad, ausencia de imparcialidad y violación a los derechos humanos son causas del desastre que al respecto se vive, dificultando la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, y hay quienes consideran que la PGR se creó para perseguir a los enemigos del sistema y para proteger a los amigos del poder.

Díganlo si no, el anterior titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, que exoneró a la esposa de EPN y al ex secretario de Hacienda con los infames casos de las famosas casas; o el nombramiento del fiscal anticorrupción y del fiscal general en Coahuila, allegados al gobierno estatal; o el cese del titular de la Fepade que le seguía la huella al dinero de Oderbrecht, presuntamente aportado a la campaña presidencial de 2012; o la interminable lista de fiscalías especializadas que se han creado para investigar delitos de Estado, con sus sonados e históricos fracasos.

Para dar una idea de la gravedad de la situación, basta revisar un par de datos del Censo Nacional de Seguridad Pública y Procuración de Justicia Estatal publicado recientemente por el INEGI: en 2016 se abrieron 1 millón 640 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación en las Procuradurías y Fiscalías Generales de los estados, de las que 980 mil, es decir, el 60% están pendientes de resolver y sólo el 10.6% se han cerrado, pero esto no significa que los culpables de los delitos hayan sido enjuiciados y encarcelados, sino que sólo se tienen identificados.

La cifra negra, relativa a los delitos que no se denuncian, sigue calculándose en 90%, mientras que el índice de impunidad de delitos sin castigo alcanza el 95%. En cuanto al número de policías,  el citado censo revela que, al cierre de 2016, de 220 mil elementos adscritos a las diversas corporaciones de los estados, incluyendo las instituciones de seguridad pública municipal, a Coahuila corresponden sólo 2 mil, es decir, el 0.9%, y a Durango 900, apenas el 0.4%. La ONU recomienda 300 policías por cada 100 mil habitantes, pero ambas entidades están muy por debajo de esa cifra y se ubican entre los últimos lugares a nivel nacional: Coahuila con 162  y Durango con 141 policías por cada 100 mil habitantes.

El esquema actual de seguridad y justicia es un desastre. Así concluye la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia del CIDE, UNAM y Conacyt, quienes advierten que, del tamaño de la enfermedad debe ser el remedio, y recomiendan un nuevo modelo investigación judicial, inversión para el desarrollo de personal especializado, delimitación de atribuciones de las procuradurías del país, evitar que las Fuerzas Armadas enfrenten a la delincuencia –medida que se pretende reforzar aún más con la nueva Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados-  y rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad para elaborar una eficiente política gubernamental frente a la realidad criminal. La cuestión es si habrá la suficiente voluntad y capacidad oficial para acabar con la ineficiencia y la corrupción, lo que se percibe como una misión imposible. ¿A poco no…?



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