Sin derecho a manifestarse

Tan mal se aprecian los diferentes niveles de gobierno, que los diputados amordazaron a la ciudadanía al  eliminar sus derechos humanos fundantes, que están llegando al extremo de legitimarse anticipadamente para llevar a cabo la represión a la sociedad.

El pasado 30 de noviembre fue declarado día de luto nacional por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, a pesar de la trascendencia de la misma, a la mayoría de la población le pasó de noche e incluso se preocuparon más por los resultados del fútbol.

En Coahuila el derecho a la manifestación, contemplado en la Constitución de la República, ha sido restringido y penado, por no decir eliminado. Esta restricción se volvió por partida doble: por un lado la reforma al Código Penal del estado y por otro la nueva ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017, la cual contradice preceptos constitucionales y los tratados internacionales que México ha firmado.

En el Código Penal de Coahuila vienen establecidas ciertas restricciones para llevar a cabo manifestaciones en el estado:

“Artículo 319 – Bloqueo de tránsito en vía pública o retención de vehículo de servicio público:

Se impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días multa, o de seis meses a dos años de libertad supervisada y de cien a doscientos días multa, a quien:

  1. (Bloqueo de vía pública)…

  2. (Retención de vehículos de transporte de servicio público) …”

Ya sucedió en Torreón el primer intento de aplicar estas normas, cuando la policía trató de impedir una manifestación de mujeres que fue reportada por El Siglo de Torreón el pasado 26 de noviembre:

“La tarde-noche del sábado se realizó la marcha anual de organizaciones feministas de La Laguna en conmemoración al 25 de noviembre fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.”

Cuando el grupo de mujeres realizaba la marcha sobre la Morelos, a la altura de la calle Galeana, fueron interceptadas por varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón para amenazarlas con detenerlas por interrumpir el tráfico.

Los agentes, como siempre “cumpliendo con su deber”, les indicaron que marchar e interrumpir el tráfico era un delito y que solicitarían orden al Comandante Adelaido Flores para detenerlas.

Algunas de las mujeres les indicaron que la marcha era pacífica y en caso de que las detuvieran,  tendrían que detener también a todos los que participaran en las peregrinaciones. Finalmente, visiblemente molestos y después de hostigarlas, los preventivos las dejaron continuar.

Volviendo al tema nacional, se ha comprobado con las cifras reales que mantener a las fuerzas armadas haciendo labores policíacas no solo no ha contribuido a la disminución de la violencia criminal, sino que ésta se ha incrementado. Por ejemplo, en 2006, cuando se declaró la guerra al crimen organizado, se tenía una tasa de 9,84 homicidios por cada 100,000 habitantes y para 2017 cerramos con una tasa esperada de 27 homicidios, por cada cien mil habitantes, esto nos pone peor que Brasil, Colombia y Puerto Rico y al  mismo nivel de Guatemala, que encabeza a Latinoamérica en cuanto a tasas de criminalidad.

Por último citaré la columna de  Jesús Cantú publicada el domingo en El Siglo de Torreón:

“…Así el proyecto de ley legaliza lo aberrante, porque involucra a las Fuerzas Armadas en labores que le corresponden a las policías civiles, como con las acciones preventivas y la represión de protestas sociales. De acuerdo a la Constitución las Fuerzas Armadas deben intervenir únicamente cuando esté en riesgo la seguridad nacional, es decir, existe una amenaza para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano y sus instituciones, no para garantizar la seguridad pública, que es lo que han venido haciendo ante la incapacidad de las distintas instancias de gobierno de hacerlo.” ( el resaltado es mío).”

En conclusión, debemos exigir que los gobiernos “gobiernen” y cumplan sus obligaciones en los tres niveles: municipal, estatal y federal.



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