Con información y fuentes de Aristegui Noticias, El Universal y Proceso.

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un video titulado #ÉchaleLaCulpaAlPRI (Échale la culpa al PRI) a través de su cuenta de Twitter.

Dicho contenido expone los distintos programas y políticas públicas que ‘goza’ el país actualmente, los cuales son mencionados como méritos que el partido logró. En el tuit,  el partido tricolor busca reflejar que todo lo implementado por ellos es funcional.

Algunas de las ‘culpas’ que asume el PRI son la educación gratuita, la creación del Seguro Social, y que millones de trabajadores tengan casa propia.

El video busca renovar y limpiar la imagen del partido, ya que otras de las cosas que se le culpa al PRI, son parte del historial de hechos marcados por la corrupción que imperó en la pasada administración federal.

Tales escándalos que marcaron al partido fueron el caso Odebrecht, Ayotzinapa, la Casa Blanca, Tlatlaya, entre otros.

Asimismo, se le suma el recién arresto de Emilio Lozoya, quien fungió como ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual fue acusado de estar vinculado al caso Odebrecht y a la venta de una planta de fertilizantes a un precio inflado en 2015, en España.

Mencionamos algunos de los escándalos durante la administración de Enrique Peña Nieto, los cuales fueron completa responsabilidad y culpa de la administración pasada:

El Caso Odebrecht

Odebrecht es una empresa de la construcción con orígenes en Bahía, Brasil, fundada en 1944. Tiene operaciones en 14 países, presencia en otros 13 y actividad comercial en más de 100 naciones.

El escándalo se destapó a fines de 2016, cuando Odebrecht se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 países, entre ellos México.

De acuerdo con las investigaciones, entre 2005 y 2014 la constructora realizó sobornos millonarios en distintos países, que incluyen, además de Brasil y Perú, a Ecuador, cuyo vicepresidente, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por este caso y perdió el cargo; Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela, en América Latina, pero que también tiene ramificaciones en Angola y Mozambique, en África, y en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación estadounidense, Venezuela es el país que más sobornos recibió de Odebrecht en el periodo mencionado.

El Departamento de Justicia asegura que el gobierno venezolano recibió unos 98 millones de dólares en sobornos.

Los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, el municipio de Iguala, en Guerrero, sería el escenario de una de las peores tragedias que se ha registrado en la última década de nuestro país: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, serían atacados por un grupo que presuntamente estaba formado por civiles y cuerpos de seguridad del Estado. Los jóvenes viajaban desde Ayotzinapa a Iguala y de allí a la Ciudad de México, para reunirse con el colectivo que marcharía con motivo de la conmemoración del 2 de octubre al Zócalo de la capital.

A este saldo, se sumaría la muerte de seis personas y más de 40 heridos. Al final 30 sobrevivieron las agresiones que serían tan solo el comienzo de una larga historia que hasta la actualidad se sigue escribiendo.

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El escándalo de la Casa Blanca

En medio de los árboles e inmensos jardines contrastan sus enormes paredes blancas, los amplios ventanales y las puertas que se abren para mostrar el lujo de la llamada “Cabaña de La Gaviota”.

La construcción de dos niveles y casi 13,000 pies cuadrados está dentro de la que fuera la residencia oficial de Los Pinos, como reveló el semanario mexicano Proceso.

Homero Fernández, el actual director administrativo del complejo cultural en que fue convertido Los Pinos, asegura que esa casa fue construida exclusivamente para Angélica Rivera.

“No es una casa que creemos haya habitado, pero sí tenía ahí sus oficinas y operaba una empresa entiendo, con su hermana”, dice Fernández.

a residencia tiene por lo menos 8 habitaciones, con pisos de madera; los baños están forrados en su totalidad con mármol, el mismo que cubre el área de recepción y las escaleras.

Hasta ahora, el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha podido determinar cuánto costó la construcción de este inmueble ni lo que había dentro de él , porque no existen registro, facturas o evidencias de estos gastos.

Pero quienes vivieron y trabajaron durante la administracion de Peña Nieto en Los Pinos han hablado de lo que había en esa cabaña.

“Dicen que sí había mucho lujo, había fiestas en las canchas, les ponían pisos de madera, vivían con muchos excesos, lujos y con poca transparencia”, detalla Fernández.

También han confirmado que ahí grabó Angélica Rivera el video con el que se defendió durante el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, aquella residencia que asegurá compró con su sueldo como actriz.

Pero esa mansión al igual que el resto fueron entregadas vacías por la anterior administración.

“Me parece bastante mal, porque básicamente es un fraude a la nación”, “¡horrible!, es que no es justo que esté saliendo tanta cochinada, ¿no?”, opinan ciudadanos.

El inmueble será usado, como el resto de los que conforman el complejo, para realizar actividades culturales.

Tlatlaya y su encubrimiento

A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En un comunicado, recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.

“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía abatir civiles en horas de oscuridad”.

“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia”, apuntó.

Por su parte, la PGR inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.

Gracias a la incansable búsqueda de justicia de Clara Gómez González, quien perdió en los hechos a su hija Ericka, adolescente al momento de los mismos, el 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara con debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.

A pesar de esta sentencia y a pesar de los pronunciamientos a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de procedimientos especiales, como el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, a la fecha no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad ni existe resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso.

Así, el Centro Prodh indicó que encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional. Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados -indicó- se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos.

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