Presentan juicio de amparo contra modificación a la Ley Orgánica del Congreso

Veintidós organizaciones de la sociedad civil lagunera, representadas por José Martínez, Presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandra Carmona, Presidenta de Participación Ciudadana 29, Ricardo Segura, Presidente de Laguneros Unidos de Corazón, Víctor Alducín y el Licenciado Edmundo Gallardo, abogado del caso,  presentaron un juicio de amparo contra el decreto 1193 referente a la modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila.

Según los demandantes, la modificación realizada al finalizar la gestión de la pasada legislatura,  refleja un claro acto de inconstitucionalidad  porque tuvieron el único fin de conservar el control del Congreso a pesar de que el partido en el poder perdió la mayoría de las curules en las últimas elecciones.

También agregaron que estarán a la expectativa de que el nuevo Congreso cumpla los compromisos firmados con la sociedad civil lagunera y atienda casos específicos como la megadeuda y las empresas fantasma.

Ante tal tal situación, el Licenciado Edmundo Gallardo, abogado que presentó el juicio de amparo ante el Tribunal de Justicia, declaró en rueda de prensa la finalidad del procedimiento y la posibilidad de éxito del mismo.

“Las órdenes vienen verticalmente y maltratan a los ciudadanos, tenemos la seguridad de que vamos a ganar el amparo, si no lo ganamos, será en parte porque Riquelme compró al juez”. Expresó.

El mismo Gallardo, declaró que la Sociedad Civil lagunera no ha logrado nada porque está desmembrada y recomendó que se forme un frente común que luche por la democracia y la libertad de los ciudadanos.

En la misma conferencia de prensa, le preguntamos al licenciado Gallardo exactamente cuál era el artículo constitucional que había sido violado a partir de la modificación del artículo segundo de la Ley Orgánica del Congreso, a lo que contestó, sin precisar mucho en el tema, que “podría ser el 39”.

 La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Dicta la Constitución.

A decir de Gallardo, la modificación que hizo la LX Legislatura del Congreso del Estado, fue un atentado a la soberanía del pueblo coahuilense, ya que éste tiene la potestad de decidir y/o alterar la forma de su gobierno.

La modificación al artículo 2 de la Ley Orgánica del Congreso dejó como dinámica para los nuevos representantes del poder legislativo que para aprobar, modificar, reformar o abrogar una ley, se necesitará el consenso de las dos terceras partes del Congreso, situación que, presuntamente debilitará a la oposición que actualmente es mayoría.

“Para reformar, adicionar o abrogar la presente ley, así como para expedir una nueva ley, se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.” Señala el artículo ya modificado.

En la exposición de motivos, los diputados que impulsaron la modificación se limitaron a decir que fue una acción para que “otorgar certidumbre jurídica a sus disposiciones”.

Por último, Ricardo Segura, presidente de la asociación Laguneros Unidos de Corazón, señaló que estarán pendientes de que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, los nuevos diputados de la LXI Legislatura y el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, cumplan los diez compromisos que firmaron ante la sociedad civil en tiempos de campañas electorales.

 



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