Se derrumba inversión en obra pública de Coahuila

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La inversión en obra pública en Coahuila durante el segundo trimestre del año, se derrumbó con respecto a los primeros tres meses del 2019.

De acuerdo con el Avance de Gestión Financiera, en la clasificación por objeto del gasto, la entidad gobernada por Miguel Ángel Riquelme Solís invirtió en obra pública, durante el segundo trimestre del año, 378 millones 857 mil 964 pesos, cifra muy alejada 614 millones 057 mil 002 pesos invertidos durante enero, febrero y marzo del 2019.

Esta diferencia, en otras palabras, significa que durante el segundo trimestre del año, la inversión en obra pública se desplomó poco más del 38 por ciento.

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En total, al corte del primer semestre del 2019, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Infraestructura, encabezada por Gerardo Berlanga Gotés, ha invertido en obra pública 992 millones 014 mil 966 pesos, cantidad que está alejada de la meta que se propuso la administración riquelmista para final de año, que es de 3 mil 426 millones 090 mil 966 pesos.

Si el Gobierno de Coahuila continuara con el mismo ritmo de gasto, finalizaría el 2019 con un gasto en obra pública superior a los mil 800 millones de pesos, cantidad que apenas rebasaría el 50 por ciento de lo que se planteó desde un inicio en el presupuesto de egresos.

Aunque el Gobernador del estado, así como el Secretario de Infraestructura, han declarado que los recortes de las partidas federales han afectado la inversión, organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, documentaron que únicamente con el dinero recaudado a través del Impuesto Sobre Nómina y el Control Vehicular, Coahuila recaudaría más de 4 mil millones de pesos, dinero que, por ley, debería invertirse en el desarrollo de infraestructura carretera y obra pública, sin embargo, esto no fue programado de esa manera.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, de todo el dinero que recaudará la administración riquelmista con estos dos impuestos, únicamente destinará el 60 por ciento de los mismos en obra pública, decisión que contradice a los acuerdos pactados con los empresarios y a la misma ley.

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