Sociedad civil lagunera responde ante promulgación de la ley de seguridad interior

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Enrique Peña Nieto promulgó hace unas horas la ley de seguridad interior a pesar de las demandas públicas y quejas y solicitudes de diálogo de organizaciones civiles, ciudadanía, organismos internacionales promotores de los derechos humanos y figuras públicas.

Con esta ley ya en marcha y a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé entrada a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diversos actores políticos y civiles, quedará legalizada la militarización permanente de la nación.

Julián Mejía Berdeja, Presidente de Renacer Lagunero, dio su opinión acerca de la promulgación y aseguró que este gobierno ya no cuida las formas y abrió las puertas a la posible materialización de las represiones sociales.

“Es una nota negra de la administración de Enrique Peña Nieto, es prácticamente motivo de luto nacional, la última esperanza que tenemos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé entrada a los recursos de inconstitucionalidad. Es lamentable que no haya escuchado las opiniones de organismos internacionales en materia de derechos humanos como la ONU, y que cómo es posible que quienes han jurado proteger la constitución estén impulsando una ley que de plano es inconstitucional. Se necesita un marco jurídico para regular, pero eso no significa el legalizar la militarización permanente. Se deben fortalecer las policías civiles. Es un gobierno que ya no cuida las formas, que ya no tiene el interés de simular una apertura que de hecho nunca tuvo. Aunque no parezca esta ley secuestra al ejército, porque la naturaleza del mismo es la de obedecer, imagínate un caso en donde las autoridades militares no estén de acuerdo con un acto de represión, no podrían hacer nada, aquí el malo de la película no es el ejército, es el estado.” Declaró Mejía Berdeja.

Se le preguntó al mismo Presidente de Renacer Lagunero si en algún momento, el próximo año, cree que exista alguna posibilidad de actos de represión ejecutados por el ejército en caso de que los resultados de las elecciones no salgan a favor del partido en el poder.

“Existe esa posibilidad porque ya creaste el marco jurídico para hacerlo, acuérdate que en el tema de la represión a las manifestaciones dice que si son pacíficas no se reprimirán, el tema es que en la ley se deja a la interpretación, pero existe la posibilidad de que sí se pueda dar, el ejército no debería tener la facultad de actuar en manifestaciones, para eso están otros cuerpos como los granaderos, que están entrenados específicamente para esas situaciones.” Detalló el representante de Renacer Lagunero.

Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, relató que la estrategia de tener al ejército en las calles no funcionó y que con la promulgación de esta ley se demostró que la sociedad civil, los académicos y los organismos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos no son escuchados por el estado.

“La autoridad se empeña en no reconocer que la estrategia de tener al ejército en las calles no da resultado,  2017 es el año con más asesinatos en la historia reciente de nuestro país, las voces de los académicos y de la sociedad civil no tuvieron efecto para vetar esta ley. Los espacios que se fueron ganando por la sociedad no fueron escuchados. Nos llama la atención que el marco regulatorio del ejército pueda ser utilizado para callar voces o manifestaciones que ellos consideren que no sean pacíficas, nos parece peligroso que en pleno proceso electoral se haya optado por darles esa libertad.”

El mismo Zamarripa mencionó que como sociedad civil lagunera, están obligados a sensibilizar e informar a la gente para que entienda las repercusiones y las dimensiones que esta ley puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos laguneros.

“Tenemos que sensibilizar, mucha gente no entiende lo que esta ley contempla y las posibles repercusiones de lo que se ha aprobado. Coahuila y Durango han estado disminuyendo sus índices delictivos pero hay estados en donde no ha terminado de ceder la violencia y eso puede afectar a que regresen los actos de violencia a nuestro estado.” Comentó el Director del CCI Laguna.”

Alejandra Carmona, presidente de Parcipación Ciudadana 29, aseguró que la sociedad civil no se siente escuchada y que todo lo que decide y promueve el gobierno es para velar sólo por sus propios intereses.

“Lo que yo te puedo decir es que no cuentan con la opinión de la sociedad, ellos nada más ven por sus propios intereses, va a ser muy peligroso, va a ser muy delicada esa situación de que el ejército pueda hacer lo que quiera. Agregó.

Acerca del riesgo que podría suponer llevar a cabo alguna manifestación en relación con lo que pueda pasar durante y después de las elecciones de 2018, Carmona afirmó que será muy peligroso poder manifestarse.

“No se abren a escucharnos. Está advertido que ellos pueden interrumpir manifestaciones, no creo que vayan a ser muy seguras” Finalizó la presidente de PC29.

Foto de portada del portal digital de la revista Proceso.

 

 

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