Conveniencia de la propuesta de Parlamento Abierto en México

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Foto: IMCO

“Una vez instaurada, la democracia puede ser soslayada de muchas formas”

Carlo Bordoni

Con las propuestas de gobierno abierto, parafraseando a Octavio Paz, es posible reducir las burocracias, humanizarlas, limitar sus poderes y someterlas al control de la democracia y la sociedad.  El promover políticas de parlamento abierto facilitaría el identificar el ejercicio del legislador y lograr que la población tenga acceso a la mayor cantidad de información relevante, utilizando formatos sencillos y mecanismos de búsqueda simples a través de bases de datos en línea actualizados periódicamente, permitiendo informar al ciudadano de forma sencilla y explícita las funciones y normatividad del cuerpo legislativo y sus unidades administrativas, evitando así casos de conflicto de interés en presupuestos aprobados y ejercidos.

Para poder democratizar y acercar a los Gobiernos a la ciudadanía, se tienen propuestas como la de Gobierno abierto, enfocada en poder proveer a la población de información relevante a través de herramientas informáticas en software libre, para consolidar la cultura de rendición de cuentas y la transparencia en el quehacer gubernamental.     Bajo este mismo objetivo emana la propuesta de Parlamento Abierto, con el fin de lograr que la ciudadanía conozca, evalúe y colabore con la figura de los legisladores, que normalmente son los servidores públicos más alejados y menos conocidos por los ciudadanos (excepto en tiempo de elecciones) pero que finalmente, son aquellos que por su acción o inacción política pueden tener mayor influencia en los intereses de sus representados y de una sociedad.

En México existen 12 organizaciones de la sociedad civil que formaron la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) con el fin de diagnosticar qué tan transparentes son los congresos de los Estados en el país, así como del Senado y de la Cámara de Diputados.  Para tal efecto la APA estableció 10 principios, cómo lo son el derecho a la Información, la participación ciudadana y rendición de cuentas, la información parlamentaria, presupuestal y administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos y no propietarios, accesibilidad y difusión, conflictos de interés, así como legislar a favor de Gobierno Abierto, con el fin de conocer que tan cercanos a la población son y que tanto les rinden cuentas a los ciudadanos.

A través del Portal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se publicaron los resultados del diagnóstico de Parlamento Abierto en México, en donde se puede consultar los diagnósticos de cada uno de los Congresos de los Estados de la República Mexicana, así como del Senado y de la Cámara de Diputados.

Revisando la base de datos que IMCO ofrece en su portal, y haciendo un análisis estadístico con los datos de cada principio y los indicadores que lo forman, se pudo obtener un panorama general sobre la forma en que en México se comportaron los Congresos en 2015, año en que realizaron y publicaron el Diagnóstico.

Se encontró en temas generales que lo más común es que los Congresos den acceso a la información sobre las comisiones ordinarias, especiales y comités en el cuerpo legislativo, así como acceso y transmisión de las sesiones, que tengan una oficina para atender a la ciudadanía, y en su mayoría publican en su página la dirección de sus oficinas, así como el listado de los miembros de los órganos de gobierno, la fotografía, CV y correo electrónico de los legisladores y de las leyes vigentes.

Sin embargo, la mayoría de los Congresos no realizan políticas en favor de promover políticas de gobierno abierto, por lo que generalmente no informan a la ciudadanía los presupuestos asignados, así como de mucha de la información referente a los representantes populares, en general no se tienen códigos de ética, por lo que las conductas de los representantes no se encuentran normadas, les falta difundir información relevante y no se utiliza software libre ni formatos para descargar la información, y en general no promueven la participación de la población en estos temas.

El promover la participación de la población implica que este regulada la figura de consulta popular, que el cuerpo legislativo sea sujeto obligado de la ley de acceso a la información correspondiente, que existan mecanismos de participación ciudadana en temas de presupuestos, que existan mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer solicitudes de información, que se cuente con una página WEB interactiva, que la información de los legisladores contenga las iniciativas y productos legislativos presentados, asistencias al pleno, y, además de la ubicación de su oficina dentro del recinto legislativo, su dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto, así como la publicación de un reporte anual de actividades.

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