¿A poco no existe un límite en el que la capacidad de asombro se pierde y lo absurdo se vuelve cotidiano? ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia de la sociedad mexicana hacia los interminables casos de corrupción, peculado, tráfico de influencias, irregularidades legislativas, torpezas ejecutivas y deficiencias judiciales que se acumulan día a día, a grado tal que no terminamos de asimilar unos, cuando ya tenemos otros en puerta? ¿Estará probando la clase gobernante el umbral de resistencia de la comunidad nacional para medir hasta donde puede estirar la liga sin que se rompa?
¿Creerán los mandatarios que los mandantes aguantan todo porque ya están resignados a su destino? Estas preguntas deben plantearse quienes nos gobiernan, porque la situación actual no merece su indiferencia. La actitud de ‘ni los veo ni los oigo’ de la mayoría de los gobernantes, no va con los actuales tiempos de una ciudadanía que cuestiona, exige respuestas, está más informada y preparada, con una mejor capacidad de organización y movilización y una mayor capacidad de análisis crítico de la realidad.
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Una realidad que la sociedad no sólo es capaz de interpretar sino de transformar y cuya minoría pensante y actuante ya no puede permanecer pasiva ante las contradicciones en las que incurren los conductores del destino nacional. Así, por ejemplo, de diciembre a junio, 77% de los contratos del Gobierno federal fueron por adjudicación directa y sólo 18% mediante licitación pública, cuando el presidente se dice adalid de la transparencia y el combate a la corrupción y la simulación. Asimismo, en los congresos locales donde Morena es mayoría, impone leyes a su modo: en 7 de 23 Legislaturas, ha mayoriteado destituciones, leyes “a modo” y representaciones de órganos legislativos.
No es conveniente que la clase gobernante minimice el límite de tolerancia ciudadana ni desprecie la capacidad de organización de la sociedad, ante los errores, deficiencias y corruptelas que se multiplican. Porque, como dijo el filósofo español Fernando Savater, “cuando no se espera la salvación de alguna necesidad histórica, sólo queda la vocación activa de la propia voluntad que no se doblega, pues en una democracia, el derecho a decidir es tan intrínseco a los ciudadanos como el derecho a nadar de los peces”.
Y la clase política debe entender que la sociedad organizada, a fuerza de padecer las consecuencias de la corrupción, la ineficacia e ineficiencia gubernamental y la violencia e inseguridad, ha aprendido a transformar la apatía y la pasividad en activismo cívico y participación ciudadana, porque conoce bien el poder de la capacidad de decisión y de acción de la auténtica democracia, por lo que los señores gobernantes de los tres niveles y poderes, motu proprio u obligados por esa misma sociedad organizada, deberán actuar en consecuencia. ¿A poco no…?