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En Torreón reinan las adjudicaciones directas para obra pública

El Ayuntamiento de Torreón se distinguió por contratar a proveedores para desarrollar obra pública a través de adjudicaciones directas, es decir, sin concursar ni a someter al mejor postor algún proyecto.

De acuerdo con la base de datos elaborada por Karewa Laguna, un monitor de obra pública para los cuatro municipios integrantes de la Zona Metropolitana, en Torreón los proyectos de inversión pública, en su mayoría, se acomodan a través de invitaciones directas.

La información indica que, del 2018 hasta el cuarto trimestre del 2020, en Torreón se han invertido $1,059 millones 175 mil 434 pesos, de los cuales el 50% fueron pagados a empresas contratadas por adjudicación directa, 36% por invitación y sólo el 14% a través de una licitación pública.

En materia de periodicidad, 2020 fue un año en el que particularmente se dispararon las adjudicaciones directas en el Ayuntamiento de Torreón.

En cada uno de los cuatro trimestres del año pasado no se convocó, ni una sola vez, a un concurso para licitar una obra pública.

En contraste, en todo el 2020 se ejercieron poco más de 54 millones de pesos en obras adjudicadas a través de invitación y más de 402 millones de pesos en proyectos otorgados a través de adjudicaciones directas.

En ese mismo periodo, la constructora que concentró más proyectos fue Jibe, con once contratos, de los cuales 7 fueron por invitación, tres por adjudicación directa y sólo uno ganado a través de un concurso. En total, la empresa lagunera ingresó 78 millones 40 mil pesos.

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Por otra parte, llama la atención que un proveedor, dado de alta como persona física e identificado como Daniel Octavio Ruíz García, únicamente operó para dos contratos, pero estos fueron adjudicados de manera directa  y representaron un gasto superior a los 51 millones de pesos.

Cabe destacar que Karewa Laguna desmenuza las contrataciones para obra pública de los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo y, en esta primera etapa, busca fiscalizar a través del uso de la información pública para evitar o hacer más visibles presuntos actos de corrupción.

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