Con información de Aristegui Noticias
El caso del político saltillense, Alejandro Gutiérrez, tendrá nuevo capitulo en la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este miércoles 18 de agosto la Suprema Corte definirá si ampara a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua como víctima por el delito de peculado, por 250 millones de pesos, cometido por el político coahuilense, Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI.
La primera sala de la máxima instancia del Poder Judicial será la encargada de volver a poner al estado norteño como la principal agraviada de la operación safiro, estrategia que diseñó César Duarte, y que tuvo como uno de sus principales operadores a Alejandro Gutiérrez, para desviar dinero del erario para financiar campañas políticas del partido tricolor.
El político saltillense, quien también fue señalado por simular operaciones a través de empresas dedicadas al ramo de la aviación, fue la pieza clave que, de acuerdo con las denuncias impuestas por la fiscalía chihuahuenses, funcionó para vulnerar las arcas públicas de la entidad.
Actualmente, César Duarte continúa en espera de ser extraditado de Estados Unidos hacia México para ser juzgado por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros.
De acuerdo con Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez fue el operador de una de las estrategias más ambiciosas e importantes que diseñó el Partido Revolucionario Institucional para desviar recursos públicos a través de las arcas de la administración entonces encabezada por César Duarte.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el Ministro que ponga sobre la mesa el proyecto judicial y se estará retomando un caso que detonó el 4 de agosto de 2018, en la que se desconoció a la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua como víctima del desfalco porque el origen del dinero era federal.
Tras diversas apelaciones y recursos jurídicos impuestos, finalmente el día de mañana se podría volcar la avalancha contra Gutiérrez Gutiérrez o, en su defecto, enterrar el tema y dejar todo en las manos de la justicia federal.
