Una juez federal concedió un amparo a Alonso Ancira, Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, en el que ordena a un funcionario de la Fiscalía General de la República responda por qué realizó una declaración falsa «jurada» ante las autoridades españolas.
De acuerdo con el juez, el funcionario habría falseado información para abonar más elementos para facilitar la extradición de Alonso Ancira hacia México, en donde se le busca para ser juzgado por los delitos de transferencias de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y daño patrimonial.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República precisó que la resolución judicial no afecta en nada al proceso de extradición en contra de Alonso Ancira y que la Corte Española en su momento resolvió que la misma procedía.
Según el resolutivo, en noviembre de 2019, el juez Miguel Ángel Ortega, fiscal ejecutivo adscrito a la Dirección de Procedimientos Internacionales, declaró que Ancira era investigado por diversos delitos como cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
Por ello, Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia penal, resolvió que Ortega incurrió en una irregularidad y le ordenó que conteste de manera inmediata las razones por las cuales hizo esa declaración de manera ilegal en el país ibérico.
Altos Hornos de México es la principal empresa productora de acero del país. El consorcio está asentado en la región centro de Coahuila, particularmente en la ciudad de Monclova y sus ingresos representan poco más del 4% del Producto Interno Bruto estatal.
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AHMSA, como también es conocida, genera alrededor de 20 mil empleos directos en la zona centro y carbonífera de Coahuila, así como 100 mil indirectos a través de una extensa cadena de proveedores.
Alonso Ancira es señalado por haber vendido una planta chatarra de fertilizantes a Pemex con un sobreprecio superior a los 200 millones de dólares.
Desde que inició el conflicto legal, la empresa acerera ha ido en picada y continúa en busca de comprador.
Para esta transacción, el presidente López Obrador exige que, parte del proceso de la compra/venta, deberá incluir los 200 millones de dólares que le deben a Pemex.
