El asesinato de María Milagros «Mily» merece pena máxima, ya que no sólo era una mujer, sino también una pequeña de 2 años y su grado de vulnerabilidad debió ser considerada por los jueces antes de sentenciar a 23 años y nueve meses de prisión al feminicida, Eduardo Saldaña.
Esa fue la idea que dejó en claro la madre de Mily, Carolina Ramírez, víctima indirecta de feminicidio:
«Voy a apelar y hacerle ver a los jueces que yo no soy igual que ellos, yo sí tengo sentimientos, y las personas que me acompañan también tienen sentimientos y pues vamos a hacer todo esto por la vía legal. Yo les voy a volver a demostrar todo lo que él hizo y cuál es la sentencia que se merece.
«Yo sigo pidiendo la máxima, 50 años, pero mínimo deben de ser unos 40. Porque vuelvo a repetir, era una niña de 2 años«, expresó Carolina en la rueda de prensa de esta mañana.
Asegura Carolina que en el camino que tomará, de apelar contra la decisión del Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Coahuila, vendrá acompañada de la licenciada Ariadne Lamont Martínez, de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en INCIDE Femme A.C. y la comunidad de Madres Poderosas, una organización de apoyo y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidio.
«Eso les molestó a los jueces, que hubiera personas acompañándome en el proceso», dijo Carolina en la rueda de prensa.
Por su parte, Ariadne Lamont Martínez, quien también tomó el micrófono, declaró:
«Como sociedad civil organizada, acompañante de esta situación tan triste que está viviendo la familia de Daisy Carolina; desde que todo empezó, mi organización Incide Femme está observando con lupa el accionar de las autoridades».
Ariadne enfatizó en que los tres jueces del tribunal de enjuiciamiento no recurrieron a ciertas herramientas a que debieron haber invocado como recursos legales para buscar que se respete el derecho a justicia de las víctimas, «herramientas hermenéuticas«.
Explica que cuando las leyes que se tienen a la mano para sentenciar no alcanzan a cumplir el grado necesario de justicia para las víctimas, es cuando son necesarias las herramientas hermenéuticas, por las cuales los y las jueces pudieron haber otorgado una sentencia más justa.
Una de ellas, dice Lamont Martínez, es el «principio de convencionalidad«.
«Las convenciones que ha firmado México son obligatorias y tienen el mismo rango constitucional. Tienen el nivel de la Constitución y ese principio no lo invocaron».
Otro elemento legal que se pudo invocar es aquella plasmada en el artículo 1 de la Constitución mexicana, respecto a la igualdad y no discriminación, la «categoría sospechosa«.
Como cita Nexos: «Son categorías sospechosas los criterios mencionados en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución: el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y, a su vez, que la norma legal analizada tenga una proyección central sobre los derechos humanos garantizados por la Constitución«.
Esto significa que los jueces debieron haber considerado los derechos humanos que se vulneraban en el caso de Mily desde, por lo menos, dos categorías: la edad de la pequeña y su género.
«Las estadísticas nos dicen que los niños de 0 a 5 años mueren básicamente por violencias ejercidas en su familia. Esa es una categoría sospechosa, que el tribunal tuvo que haber observado y no lo vimos.
«Tampoco invocó ninguna convención como Belem Do Para. Tampoco recurrieron al principio Pro Persona, es decir, de todo el andamiaje de leyes, escoge las que más beneficien. No lo hicieron«, comentó Ariadne.
Tampoco recurrieron a la «interpretación conforme«, continúa la directora de Incide femme, otra herramienta hermenéutica relevante en el caso de Mily.
Ahora, los jueces han provocado que la búsqueda de justicia de parte de la familia de la pequeña Milagros se haga más longeva y el camino se alargue. Lo cual, como dijo Ariadne, tiene una respuesta dolorosa para Carolina y las personas cercanas al caso.
Finalmente, la activista criticó que la decisión del tribunal haya sido de manera unánime, y resaltó las consecuencias sociales que esta decisión conlleva ya que se atenta todavía más contra la vulnerabilidad de los niños.
