Las cámaras inteligentes en Coahuila funcionan y operan sin una ley regulatoria. Las iniciativas presentadas por el gobernador Miguel Riquelme y por el diputado local Rodolfo Walss Aurioles se quedaron en la congeladora.
Cámaras inteligentes sin regulación
El 23 de diciembre de 2020, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley que Regula el Uso de las Cámaras de Video Vigilancia y Video Vigilancia para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila. El documento fue turnado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, pero nunca fue aprobada.
«Con propósito de cumplir con las garantías debidas para la óptima operación del sistema y con estricto apego a derechos humanos, hemos creado un comprehensivo capítulo sobre el régimen disciplinario, delitos y sanciones que permitan castigar cualquier uso ilegítimo o incorrecto que pretenda darse a los equipos y/o a la información contenida en sus archivos.», indica la exposición de motivos de la iniciativa.
Meses después, el 27 de abril de 2021, el diputado local Rodolfo Walss presentó una nueva iniciativa con proyecto de decreto en la que propuso crear la Ley que Regula la Videovigilancia en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta propuesta también fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y también se quedó en la congeladora, es decir, no fue aprobada ni rechazada.
«Creo que al gobierno le gusta tener el control absoluto de la información que se genera y manejarla a su antojo», comentó Walss para Red es Poder.
Cámaras inteligentes podrían afectar procesos judiciales
En Coahuila, entre la región Laguna y Sureste, opera un sistema de 1,145 cámaras de video vigilancia. En La Laguna funcionan 210 de videovigilancia, 147 lectoras de placas, 22 de reconocimiento facial y 46 de uso mixto. Por otro lado, en la región sureste funcionan 425 de video vigilancia, 165 lectoras de placa, 54 de reconocimiento facial y 76 de uso mixto. Todo esto de acuerdo con la investigación «Vigilancia biométrica: el tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial», elaborada por Quinto Elemento Lab.
Un fragmento del artículo 16 constitucional indica que «toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso y ratificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley». En ese sentido, el diputado Walss Aurioles opinó si, con el uso de las cámaras inteligentes, se pueden afectar procesos judiciales que pudiera abrir la autoridad estatal.
«A mi juicio no necesariamente se cae, porque no es ilegal tener las cámaras, pero creo que sí puede ser un argumento de defensa del presunto responsable y dependiendo de los hechos, el juez podrá considerar que la falta de legislación afecta sus derechos humanos«, consideró el legislador.
El sistema de vigilancia con métodos de inteligencia no ha podido trascender en Coahuila porque las autoridades no tienen acceso a las bases de datos federales. Además, según Federico Pérez Villoro y Paloma Robles, periodistas de investigación de Quinto Elemento Lab, y autores de la investigación antes referida, Coahuila, en caso de tener acceso a la información nacional, no tiene la infraestructura necesaria para procesar y almacenar todos los datos.
«El gobierno estatal no ha logrado acceso a bases de datos federales para hacer tareas de cotejo y, de conseguirlo, el equipo computacional que ahora tienen no sería suficiente para almacenarlas y al mismo tiempo cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en México.», indica la investigación.
Miguel Ángel Riquelme está por terminar su gestión como gobernador de Coahuila, el sistema de cámaras inteligentes no funciona a cabalidad. La administración estatal invirtió más de 600 millones de pesos, no hay ley regulatoria y no se sabe a ciencia cierta cómo están operando todo el sistema.
