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Las cámaras vigilantes de Riquelme y el riesgo para los coahuilenses

La instalación de cámaras con reconocimiento facial en Coahuila es, hasta la fecha, el proyecto más ambicioso y costoso en lo que va de la administración de Miguel Riquelme al frente del estado.

Con una inversión superior a los 600 millones de pesos, la administración estatal instaló 1,145 cámaras sólo entre la región laguna y sureste, de las cuales 76 tienen la tecnología para identificar a personas por distintos rasgos de su rostro.

«La seguridad pública se ha convertido en el centro de las políticas públicas de cualquier gobierno, hoy en día, todos, bajo experiencia propia, sabemos que, sin seguridad, no hay nada», comentó Riquelme durante la presentación del proyecto.

¿Con el fin de preservar la seguridad se pueden ejecutar acciones que atenten contra los derechos humanos? Álvaro Cárdenas, abogado especialista en derecho administrativo,  ha interpuesto amparos contra el proyecto, por lo que explicó cuáles son las principales falencias y riesgos en utilizar este tipo de tecnología para la preservación de la seguridad.

«Estas cámaras de reconocimiento facial no funcionan como dicen que funcionan, hay sesgos muy grandes, no tienen acceso a bases de datos nacionales por temas de protección de datos personales, únicamente tienen acceso a bases de datos del sistema nacional de seguridad y lo que se estaba buscando es hacer un convenio en lo que se busca es que la información de las licencias de conducir se vaya a estas cámaras».

Para funcionar, las cámaras necesitan hacer un match con una base de datos situación que, en Coahuila, aún no opera como estaba pensado. Por otro lado, los resultados del proyecto, hasta la fecha, no son claros.

«Nosotros también acudimos al Congreso del Estado a solicitar que se discutiera en Parlamento Abierto  la iniciativa que busca regularlas, porque ahorita las cámaras, en teoría, están funcionando sin regulación alguna, es decir, no sabemos cuál es el proceso de tratamiento de datos personales».

La empresa maquiladora de estas cámaras, así como el software que la acompaña, es de origen chino. En aquel país, se han dado señalamientos por el mal uso de la misma y porque transgrede los derechos de las personas. En ciertos países, además, es considerada como una herramienta que frecuentan los grupos terroristas.

«Nosotros vemos opacidad desde el proceso de toma de decisiones de querer adquirir las cámaras de reconocimiento facial, pasando por el proceso de adquisición, que los contratos están reservados, no hay acceso a los datos, no hay cifras claras, hasta el proceso de instalación. Tampoco sabemos quién capacitó al personal de seguridad pública y tampoco sabemos quiénes están manejando esa base de datos personales».

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La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han concluido que este tipo de tecnología no es la ideal para combatir a la delincuencia organizada y, en dado caso, se tendrían que establecer ciertas reglas que, hasta el momento, en Coahuila son inexistentes.

Cabe destacar que Dahua, compañía responsable del proyecto, está bloqueada por Estados Unidos y por la propia Unión Europea por las malas prácticas que algunos gobiernos han ejecutado con dicha tecnología.

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