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¿Las campanas al aire? Guerrero como ejemplo

Los pequeños triunfos efímeros –y mediáticos– rápidamente se diluyen ante la ausencia de una estrategia integral que atienda, sin corrupción ni arbitrariedad, las raíces sociales, económicas, políticas y culturales que son el origen de la violencia extrema

Por Javier Cruz Aguirre | La Verdad Juárez

¿Hay motivos para celebrar el hecho de que en uno de los estados más violentos del país, como lo es Guerrero, el índice delincuencial bajara en un 35 por ciento al cerrar el primer semestre del 2020, en donde se incluyen caídas espectaculares en las cifras de asesinatos dolosos –en un 50 por ciento– y secuestros –en un 70 por ciento –, en comparación con la estadística del mismo periodo del año pasado?

Sí, los hay sin duda porque al menos en el análisis de los triunfantes datos que hicieron el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, se justifica el éxito que se atribuye a la puesta en marcha de tres acciones que, afirmaron los funcionarios, se deben replicar en todo el país.

También lo es si pensamos en la urgente necesidad que tiene el pueblo no sólo de Guerrero, sino del país entero, de escuchar o leer que la delincuencia es controlada por el Estado mexicano… Aun cuando días, semanas o meses después esa misma sociedad constata que las cosas siguen siendo las mismas en materia de inseguridad.

Pero concentrémonos en el triunfalismo oficial en Guerrero.

Por un lado, Rafael Ojeda y Héctor Estudillo centran el éxito en la inversión correcta, oportuna y supervisada en la compra de equipo y armamento para las corporaciones de seguridad pública. Igualmente, en la capacitación continua y profesional de los policías. Estas labores se asignan a las tareas básicas contenidas en los programas federales del Fondo de Contribución del Gobierno Federal para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).

Por el otro, la aplicación de una mejor y más coordinada estrategia en el combate a la delincuencia, la actuación de la Guardia Nacional en temas exclusivos de seguridad pública, y la certificación rigurosa de los integrantes de las fuerzas policiales del estado, las cuales todavía hace tres años eran ejemplo de corrupción y abuso de autoridad a nivel nacional, son elementos que a decir del militar y el civil jugaron un papel fundamental para reducir la estadística delincuencial en el estado sureño.

Otro elemento exitoso sería la correcta aplicación de nuevas herramientas de combate al crimen, que se sintetizarían en algo tan básico como la creación de una plataforma de datos de huellas balísticas en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, que ayuda a identificar las armas utilizadas para cometer delitos, o la ejecución de un sistema federal de recuperación de vehículos que permite a los ciudadanos cuyos autos han sido robados, revisar y monitorear sus casos en línea.

Pero del análisis de la estadística triunfalista no debe escapar la revisión de los resultados que en otros estados de la república, en otros tiempos y obviamente en otras circunstancias sociales y políticas se presumían reducciones drásticas en la estadística criminal por acciones de gobierno, tal y como sucedió en los últimos 10 años atrás –por citar algunos ejemplos –en Baja California, Chihuahua, Puebla, Morelos, Michoacán, Oaxaca e incluso la Ciudad de México.

En Baja California, para concretar un caso paradigmático, en 2010, el entonces titular de la II Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Alfonso Duarte Mújica, afirmó que en el estado ya no existían cárteles de las drogas y que los índices de criminalidad y violencia cayeron dramáticamente gracias a la presencia y actuación castrense en la entidad, cuando su acción abiertamente favoreció la consolidación del Cártel de Sinaloa (Pacífico) ante sus enemigos locales: los hermanos Arellano Félix, además de acumular decenas de casos de violación a los derechos humanos de la ciudadanía por parte del ejército y las policías en sus tres niveles.

En este contexto, cuando nos enteramos de las cuentas alegres y las buenas noticias en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, comúnmente olvidamos que en México el problema de la seguridad pública es muy complejo y que, para enfrentarlo, se aplica un doble criterio fundamental.

Uno es que, en un Estado de Derecho sólo se puede realizar aquello que la autoridad oficial permita dentro del marco normativo que lo rige. Y el otro, es la existencia de un gran número de instituciones participantes que pertenecen tanto a la federación como al estado y los municipios, situación política jurisdiccional en la que cada ámbito cuenta con un marco normativo específico, y con políticas a seguir en su aplicación en el cartabón del llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Así, la aplicación de programas exitosos que cumplan con el fin de reducir y contener la delincuencia en el país, integra desde 2008 –y hasta hoy–, la aplicación del Fortaseg (antes Subsemun) y el Fortamun en el logro de sus metas, pero estudios de especialistas en seguridad demuestran que el actual diseño y funcionamiento de ambas herramientas antidelincuencia no contribuyen al alcance pleno de sus objetivos.

Eso, independiente al fracaso al mediano y largo plazo en la aplicación de los programas sociales de asistencia y bienestar social, que limitan sus alcances al momento del reparto de los recursos a los grupos beneficiados temporal y mediáticamente.

Algunos de estos especialistas, como Herrera-Laso Mijares, del Colegio de México, subrayan que frecuentemente, en la elaboración de las políticas públicas de seguridad, se minimizan como causas de la violencia extrema y la delincuencia, diversos factores de carácter social, político y hasta cultural.

Esto, afirman los sociólogos y economistas, asegura el fracaso de las políticas oficiales de combate a la delincuencia al mediano plazo.

Se trata de componentes tan básicos y relevantes como la pobreza y la marginación, la infraestructura física precaria, la violencia intrafamiliar, la presencia de pandillas juveniles, la presencia de crimen organizado, la presencia de armas, drogas y alcohol, así como la presencia precaria y corrupta de la autoridad en la república.

Otros, como Rigoberto Soria Romo y Carlos López Portillo Tostado, investigadores del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Occidente, respectivamente, ubican las causas del chasco en el combate a la delincuencia en las herramientas “estrella” del gobierno: los fondos especiales de asistencia a las corporaciones de policía.

Por ejemplo, citan la introducción de un sesgo preferencial –inclusión o exclusión discrecional– de los municipios que reciben los fondos de los programas Fortamun y Fortaseg: sólo 274 municipios beneficiados de un total de 2 mil 457 –es decir apenas el 19 por ciento–, de los cuales sólo hay 52 casos exitosos en promedio.

Asimismo, el otorgamiento de este apoyo presupuestal etiquetado por un periodo corto (de uno a tres años), no permite cumplir a cabalidad los objetivos a mediano y largo plazo de implantar y consolidar un Estado de Derecho que induzca una baja notable y permanente en la incidencia delictiva.

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Esto sin mencionar que el diseño y la aplicación de los programas abren un espacio de espontaneidad y de virtual corrupción en la recepción y administración de los recursos públicos con base a criterios políticos, de grupo o de amistad fácil de ocultar, algo muy común en los municipios donde se aplican los fondos federales.

Aún así recibimos con agrado la noticia de que ahora es Guerrero el estado en donde se puede disfrutar de una pequeña ventana de esperanza para la paz, en donde las cosas puedan cambiar de manera permanente en materia de seguridad pública.

Pero no olvidemos que estos pequeños triunfos efímeros –y mediáticos– rápidamente se diluyen ante la ausencia de una estrategia integral que atienda, sin corrupción ni arbitrariedad, las raíces sociales, económicas, políticas y culturales que son el origen de la delincuencia y la violencia extrema.

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