Portada Reportajeinvestigación deuda, influencias y gastos sobre secretaría de inversión público productiva de Miguel Riquelme
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Por Antonio Rosales

“Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo”. Así inicia la famosa novela de Franz Kafka, sobre un hombre que es arrestado, sin jamás saber la causa, y en el que la culpa busca su castigo. Una larga pesadilla hecha estrecho, pantanoso, nebuloso y oscuro laberinto se despliega a lo largo de la historia, cuyos absurdos llevan a la confusión y casi locura a su protagonista. 

No muy lejano de ese infierno dantesco está el que han vivido los acusados del caso Wallace, con la diferencia de que, aun sabiendo la causa, ninguna prueba que han aportado a su favor les ha servido para salir del fango; todo intento de defenderse se ha perdido en arenas movedizas de un sistema judicial plagado de corrupción y opacidad. En teoría, es la autoridad quien tendría que demostrar la culpabilidad y no los acusados su inocencia, pero en el caso Wallace nada es lo que la teoría del Derecho dictaría.

Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, así como sus familias enteras, desde julio de 2005 han padecido lo indecible y a cuatro años de este gobierno no queda claro cuándo terminará su inquisitorial calvario. Torturas (físicas, psicológicas, sexuales); persecución y espionaje contra familiares, activistas, periodistas y abogados que se han acercado al caso; amenazas, tratos vejatorios por parte de las autoridades, invisibilización por parte de los medios de comunicación hasta 2019, campañas difamatorias y toda clase de irregularidades judiciales, son algunos de los martirios que han padecido los acusados. Ello puede dar pie a argumentar que solo se trata de abusos y que eso no eximiría su “culpabilidad”, pero debe añadirse que sobran irregularidades en el caso, relacionadas con CURPS y registros del SAT, diferentes actas de nacimiento, tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, una gota de sangre… Y un caso que se sostiene, mayormente, en los testimoniales arrancados bajo brutales torturas, algunas ya acreditadas mediante respectivos Protocolos de Estambul (Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, César Freyre).

Sin exagerar, escribir sobre el caso Wallace es, en muchos sentidos, jugar a la vida y la muerte, coquetear con el peligro, ponerse en la línea de fuego. No solo porque la parte acusadora del citado expediente ha intentado acallar por todos los medios cualquier investigación o duda razonable a su versión de lo sucedido, sino porque pareciera que existen numerosos intereses, relatos impuestos y contrapuestos, dobles (y hasta triples y cuádruples) juegos, redes de espionaje y contraespionaje (tanto gubernamentales, como operadas por particulares), dobles (y triples) agentes. Las novelas policíacas de Agatha Christie o las distopías de George Orwell parecen cuentos de hadas o novelas de Corín Tellado junto a la maraña de enredos y atrocidades que rodean el caso Wallace. 

Fuera del binomio (el relato oficial de Isabel Miranda versus el periodista Ricardo Raphael) parece que está prohibido acercarse al tema. Cierto es que el cerco mediático respecto a esta historia ha cedido un poco, y ello se ve reflejado en infinidad de videos y textos periodísticos -dentro del binomio- que se han publicado desde hace un par de años. Y sin embargo, aún es de alto riesgo. 

Hace más de tres años, desde este espacio dimos cuenta sobre la posible falsedad del caso Wallace. 

La versión oficial del caso Wallace nos cuenta la historia de una madre y acaudalada empresaria dedicada a las escuelas privadas y anuncios espectaculares en la Ciudad de México (Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres), que desde 2005 buscaba justicia para su primogénito, Hugo Alberto; un hombre presuntamente secuestrado y asesinado. Tras la desaparición, la empresaria inició la búsqueda de los plagiarios, y como constará en la web, en la hemerografía y la videografía de la época, Miranda Torres fue ampliamente reconocida por lograr la captura de todas las personas que acusó, inicialmente con la colocación de anuncios espectaculares de su empresa, Showcase Publicidad, ofreciendo recompensas por información y posteriormente, con las capturas de todos los señalados. 

Desde entonces y durante más de dos sexenios, a través de campañas en los principales medios de comunicación, Isabel Miranda fue posicionada como una heroína, lideresa de opinión en todos los medios de comunicación mexicanos, sobre temas de seguridad y el activismo antisecuestro. Junto con María Elena Morera, Rosi Orozco y Alejandro Marti, Wallace se convirtió en una invitada predilecta en eventos oficiales de Calderón y García Luna, ejerciendo crítica a la par que departía con los funcionarios que decía criticar. 

A través de la plataforma que le otorgó su organización Alto al secuestro su relación con el gobierno de Felipe Calderón fue volviéndose cada vez más estrecha, al grado que, en diciembre de 2010, le fue entregado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Tiempo después, pese a la inconformidad de panistas como José Luis Luege Tamargo y Demetrio Sodi, el partido Acción Nacional la hizo candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2012. 

Su influencia en la opinión pública también fue utilizada para posicionar la narrativa del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en casos como el de Florence Cassez e Israel Vallarta, como lo documentaron Emmanuelle Steels (El teatro del engaño, 2015), José Reveles (El affair Cassez, 2013) y Jorge Volpi (Una novela criminal, 2018).

Con Enrique Peña Nieto el rol de incondicional aliada transexenal del gobierno federal mexicano se afianzó, volviéndose cada vez más evidente; en especial después del caso Ayotzinapa, en el que la señora Wallace intentó lavarle la cara a la entonces Procuraduría General de la República, desacreditando mediáticamente la investigación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y pidiendo la salida del GIEI de nuestro país, luego de que sus informes concluyeran que hubo participación del Estado mexicano en los hechos. Los informes contradecían la versión de la PGR de Jesús Murillo Karam, misma que intentó criminalizarlos e invisibilizar cualquier responsabilidad del Estado en lo ocurrido. 

La obstinación de la empresaria por la «verdad histórica» de Murillo Karam no solo la llevó a denostar a activistas como Juan Méndez y Mariclaire Acosta, sino que incluso aun en julio de 2020 salió en defensa de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Peña Nieto. «Yo en ningún momento vi que Zerón estuviera torturando; quiso ser duro con él, pero enfrentarse a este tipo de criminales tiene que tener (sic) una posición dura para que pueda realmente entrevistarlo», comentó en diversas entrevistas, sobre un video en que aparece Zerón hablando en tono amenazante a Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», detenido por el caso Ayotzinapa. Actualmente Zerón se encuentra exiliado en Israel, luego de que el gobierno actual lo señalara de secuestro, tortura y manipulación en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, así como de la malversación de unos 50 millones de dólares. Israel no ha hecho ningún movimiento para extraditar al exfuncionario y el gobierno mexicano dice negociar con dicho país, sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento en que se escribe este artículo.

Tanto en la administración calderonista como en el peñanietismo, los políticos y funcionarios judiciales en turno cerraron filas para construir y proteger la versión oficial del caso Wallace y ello no se vio reflejado solamente en discursos y maniobras mediáticas, sino también en omisión y colaboración en intimidación a aquellos periodistas, abogados y activistas que han dado voz, asesoría, defensa y/o acompañamiento a los acusados y a sus familiares. Por mencionar solo algunos ejemplos de ello: El activista Giel Meza sufrió detención arbitraria e interrogatorio el 13 de julio de 2014; en 2010 la abogada Ámbar Treviño Pérez, en un proceso completamente arbitrario e irregular bajo el cargo de presentar “documentación falsa”, fue detenida, arraigada y trasladada a un penal de Durango; Guadalupe Lizárraga, la periodista que mayor rigor y dedicación ha mostrado en el caso desde 2014, vivió dos intentos de secuestro por agentes ministeriales, además de espionaje y amenazas de diversa índole, sin que autoridades ni la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se pronunciaran al respecto.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aparentemente existe un distanciamiento entre Isabel Miranda y el gobierno federal; sin embargo, la presente administración tampoco ha representado un cambio sustancial para la mayoría de los detenidos del caso Wallace. Es cierto, el gobierno federal no ha ejercido una censura mediática sobre el tema de forma tan pronunciada como los sexenios anteriores, aunque existe un episodio en particular que ha sido ignorado por medios, periodistas y autoridades: Cuando la periodista Guadalupe Lizárraga llevó por primera vez el caso a la conferencia mañanera presidencial (29 de marzo de 2019), hubo un apagón de luz en Palacio Nacional tras el cual, se perdió de la transmisión la denuncia de la periodista ante el presidente, hecho que también fue omitido e ignorado por todos los medios de comunicación. Las piezas videográficas que quedaron como testimonio y escasamente se encuentran en la web, fueron grabadas incidentalmente por reporteros independientes presentes. La fundadora de Los Angeles Press denunció una posible censura por parte de CEPROPIE, Comunicación Social de Presidencia y la agencia de noticias del Estado, Notimex, pero sus denuncias fueron nuevamente ignoradas -y lo siguen siendo hasta el momento en que esto se escribe- por periodistas y autoridades. En cambio, se desató contra Lizárraga una campaña de ataques en redes a través de cuentas bots y youtubers.

Desde hace años la presidenta de Alto de secuestro acumula denuncias por parte de los acusados y sus familias, mismas que se han ignorado o perdido. En Red es Poder hemos dado cuenta de algunas más: En 2018, la periodista Guadalupe Lizárraga presentó denuncias ante la PGR/FGR contra la empresaria; en 2021, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial, en representación de los acusados, presentó sendas denuncias ante la FGR; en 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, denunció a Isabel Miranda por fabricación de pruebas, luego de que ésta lo señalara y denunciara ante la Fiscalía, de “corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones” tras la atracción por parte de la Corte del caso de Juana Hilda González Lomelí en mayo pasado. Las denuncias contra Miranda tienen los mismos señalamientos en común: Tráfico de influencias, fabricación de pruebas, tortura, amenazas.

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2022 parece una copia de aquel ignominioso año en que inició el horror para los acusados y sus familias: 2006, año en que Brenda, Jacobo, César, Juana Hilda, Tony, Albert y Jael se vieron exhibidos en los anuncios espectaculares de la empresa de Isabel Miranda, Showcase Publicidad, sin derecho a presunción de inocencia y cazados para acabar con su libertad. En 2022 esos espectaculares volvieron, pero esta vez para intentar influir en la decisión que la Corte deberá tomar antes del 12 de diciembre, fecha en que se deberá haber tomado una resolución para el caso de Juana Hilda. De ser absuelta se sentaría un precedente para los demás acusados, cuyos procesos continúan empantanados.

La revictimización, criminalización y violación a la presunción de inocencia también se ha dado este año a través del Foro Lindbergh, zona ubicada en el parque México de la colonia Condesa de la Ciudad de México, en la que Isabel Miranda montó este noviembre una exposición abierta al público, volviendo a señalar a sus acusados, con aprobación de autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. 

Queda menos de un mes para que la Corte determiné el curso del caso Wallace. Será interesante observar si los ministros decidirán seguir enfangando la ominosa senda de un proceso plagado de irregularidades y abusos, o bien, abrirán un halo lo suficientemente luminoso para que marqué un verdadero y positivo cambio en la impartición de justicia.

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