investigación deuda, influencias y gastos sobre secretaría de inversión público productiva de Miguel RiquelmePortada Reportaje
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Opinión | Gustavo García

Mediante un artilugio jurídico, Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha eludido, durante todos los años de su gestión, el compromiso legal, social y político que tiene de informar a la ciudadanía, y especialmente a los trabajadores de la educación, sobre la situación de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, por hechos constitutivos de presuntos delitos que, dice la ASE, habrían sido cometidos contra el patrimonio de las instituciones de seguridad social del magisterio estatal, a las que se habría ocasionado un daño aproximado de mil 300 millones de pesos, considerando solo las auditorías efectuadas a las cuentas del 2012 al 2016.

A través de un oficio de fecha 3 de marzo del 2020, el entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Alberto Estrada Flores, por instrucciones del Gobernador dio respuesta a la solicitud de información que le presentó la Coalición de Trabajadores de la Educación sobre el avance de las investigaciones que se hubieran realizado en torno a las denuncias mencionadas, afirmando que esa “autoridad no tiene facultad para informar sobre el estado de las mismas”, lo cual es competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, instancia que, dice el Gobernador por conducto del Consejero Jurídico, “cuenta con autonomía técnica y operativa para investigar lo que le corresponde”.

Sobre esa recurrente evasiva del Gobernador, es pertinente precisar que, en efecto, no está a discusión la autonomía técnica y operativa de la Fiscalía para investigar lo que le corresponde. Por supuesto que investigar es su competencia y su facultad indudablemente; pero no se le ha solicitado al Gobernador que invada el ámbito de acción de la Fiscalía Anticorrupción, ni de la Fiscalía General; no se le ha pedido que él se dedique a investigar, lo que reiteradamente se le ha solicitado, hay que subrayarlo, es que en el ámbito de su responsabilidad constitucional, social y política, y como garante de la procuración de justicia, el Gobernador informe del estado en que se encuentran las investigaciones que hubieran realizado la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, ello en el supuesto de que efectivamente se hayan llevado a cabo las diligencias y pesquisas correspondientes y que no hayan sido archivadas, como sospechan el magisterio y la sociedad coahuilense.

Por otra parte, es inaceptable el manido argumento de la autonomía de las Fiscalías, pretexto al que se recurre a conveniencia porque, como todo el mundo sabe, en Coahuila, los titulares de esas dependencias están subordinados políticamente al Gobernador. De hecho, si bien fueron electos por los legisladores, ambos funcionarios fueron propuestos por el Ejecutivo Estatal e impuestos con el voto de la mayoría priísta y sus aliados en el Congreso.

No son pocos los casos en los que el Gobernador, congruente con su responsabilidad social y política, ha tenido un papel preponderante en la información a la ciudadanía, sin autolimitarse por la aludida autonomía. Casos relacionados con lamentables hechos de violencia e inseguridad, han tenido una destacada presencia del Gobernador en medios de comunicación, a través de ruedas de prensa, con el Fiscal a su lado, informando públicamente del avance y resultados, incluso refiriendo que le ha dado instrucciones al Fiscal para realizar las necesarias investigaciones judiciales, sin inhibirse o limitarse por considerarse no competente o por respeto a la “autonomía” de la Fiscalía.

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A conveniencia, el Gobernador recurre a esa pseudo autonomía para eludir dar información sobre el caso magisterial, que es de interés general y en el que está de por medio una grave afectación a la hacienda pública. Su renuencia a informar sobre el asunto, fomenta la percepción ciudadana de que en Coahuila la justicia es selectiva, pronta y expedita en unos casos, pero lenta, omisa y cómplice en otros.

Las instituciones de seguridad social del magisterio son organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado, su función principal es procurar la protección de los derechos humanos y sociales de los trabajadores de la educación. El Gobernador es el garante de ello y su responsabilidad es proteger el patrimonio de esas instituciones, no esgrimir pretextos para no exigir a las Fiscalías que cumplan con su función de combatir la corrupción y la impunidad.

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