La Consulta Popular impulsada por el presidente López Obrador para enjuiciar a los expresidentes no tuvo la participación que él esperaba.
De acuerdo con el INE, solamente el 7.03% del padrón electoral participó en la consulta, por lo que no se podrá tomar en cuenta lo que se haya decidido o concluido en el ejercicio.
Para muchas personas, el hecho de poner a consideración hacer justicia en contra de quienes hayan obrado mal dentro de la función pública, particularmente como titulares del ejecutivo, es un hecho contradictorio y fuera de toda proporción; «la justicia no se somete a consulta», dicen algunos de los detractores del ejercicio.
Por otra parte, hay quienes consideran que, haber organizado una consulta, es dar un paso hacia la construcción de una sociedad más participativa, independientemente de lo que se haya preguntado.
Además, está otro pequeño grupo que dejó de validar al sistema electoral y democrático de México y, desde un proceso serio de reflexión, optan por no formar parte de ningún tipo de convocatoria electoral o de participación ciudadana que organice alguna dependencia u órgano desconcentrado nacional.
En realidad, la consulta popular dejará, al menos, cuatro grandes lecciones que tendremos que valorar, pensar y considerar para nuestro futuro:
1.- La sociedad mexicana, en general, no participa, activamente, en actividades que tengan relación con la construcción de ciudadanía a partir de los espacios tradicionales que ofrecen las leyes mexicanas.
2.- Un gran sector de la sociedad no participó porque considera que lo que se sometió a consulta debería hacerse de facto, sin contemplar el punto de vista de las y los ciudadanos.
3.- Es, posiblemente, una gran derrota contra la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4.- Remarca, de manera fehaciente, la distancia ideológica y política que hay entre el INE y el propio mandatario nacional, ya que en ningún momento se emprendió una fuerte campaña de difusión de la consulta, a diferencia de lo que sí sucedió con las elecciones.
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Al final, dentro de las personas que sí votaron, el 97.72% decidió dar el aval para que se ejerzan las medidas pertinentes en contra de quienes hayan obrado mal dentro de su posición como titulares del ejecutivo, mientras que el 1.54% dijo estar en contra.
