El informe elaborado por Movimiento por nuestros desaparecidos en México arroja datos que revelan la crisis forense que se vive en el país. Existen más de 52,000 personas fallecidas sin identificar en México.
El Movimiento por nuestros desaparecidos en México está formado por 74 agrupaciones y colectivos de familiares en busca de personas desaparecidas.
La cifra de 52,000 personas fallecidas sin identificar no es verificable. Si bien el dato es oficial, la estimación es mínima. El informe indica que puede ser mucho mayor el número de personas fallecidas sin identificar por diferentes causas:
*Los registros oficiales no son técnicamente confiables. Los servicios forenses del país habían confirmado que, al 31 de diciembre de 2019, existían 38,891 personas fallecidas sin identificar. Ocho meses después, al 31 de agosto de 2020, las mismas autoridades reportaron 52,004, es decir, un 33.7% más. Se trata de un aumento muy notorio que se debe a la tendencia creciente actual y a errores en el registro. A la falta de consistencia en las bases de datos, a actualizaciones masivas o ajustes en las bases de datos.
*Existen sospechas razonables de que algunas autoridades no están informando las cifras reales por temor a las repercusiones sociales y políticas. Por ejemplo, frente a la solicitud de acceso a la información que se dirigió a la Fiscalía General del estado de Veracruz, ésta reportó un total de 1,391 personas fallecidas no identificadas. Pero el 35% de esas personas (490) ha sido localizado sólo en dos de las muchas fosas clandestinas identificadas en el estado. Es altamente probable que la cantidad de cuerpos no identificados en Veracruz sea mucho mayor. Lo mismo ocurre en otros estados como Puebla y Nayarit.
*Muchas de las bases de datos utilizadas por las autoridades sólo registran los casos de los últimos años. En el marco de esta investigación, se solicitó información sobre cuerpos sin identificar desde el 2006 y hasta el 31 de agosto de 2020, pero sólo nueve entidades cuentan con registros desde el 2006. Querétaro y Michoacán, por ejemplo, tienen los registros más incompletos. Cuentan con datos únicamente desde 2016 y 2017, respectivamente.
*Sólo tres fiscalías informaron contar con fragmentos óseos no individualizados. Aunque la mayoría de las fiscalías resguardan un número indeterminado de restos óseos no individualizados. En caso de que algún día estas fiscalías logren determinar el número mínimo de individuos representados en esos fragmentos, ese número deberá ser sumado a las 52,004 personas fallecidas sin identificar.
Esta crisis forense ha sido denunciada en múltiples ocasiones por colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por instituciones nacionales e internacionales. El gobierno mexicano ha hablado de una “emergencia forense” en el país, simbolizada por el hecho de que los servicios forenses de “la mayoría de las entidades federativas identifican mensualmente menos del 20% de los cadáveres que ingresan”.
Causas de la crisis forense
Esta delicada situación se debe a múltiples factores, entre ellos destaca el aumento de la violencia desatada en el sexenio de Felipe Calderón y que tiene repercusiones hasta la actualidad, hasta la falta de personal capacitado tanto en materia de seguridad pública como en servicios médicos forenses y periciales.
La falta de implementación de protocolos para la identificación oportuna de cuerpos de personas fallecidas demuestra que los servicios forenses del Estado no pueden responder a la creciente necesidad de identificación humana.
A esto se le debe sumar la inconsistencia en la relación entre las denuncias de personas desaparecidas y la desproporción del número de homicidios cometidos desde el 2006 al 2020.
Las denuncias de personas desaparecidas registradas en del 2006 al 2020 fue alrededor de 10,000, mientras que el número de homicidios en las mismas fechas fue de casi 35,000.
El informe del Movimiento por nuestros desaparecidos en México recalca que las autoridades tienen la obligación de identificar a todas las personas fallecidas e investigar cuáles fueron las circunstancias de la muerte y la identidad de los perpetradores de los delitos y/o violaciones a derechos humanos que hubiesen sufrido. Y que cada caso merece una investigación completa, urgente e imparcial.
En Coahuila, la situación no es menos alarmante. El informe arroja que al menos 729 personas fallecieron sin ser identificadas en el Estado, por lo que sus cuerpos fueron sepultados en las fosas comunes de los panteones públicos.
