Las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro Fray Juan de Larios exigieron al gobierno de Coahuila castigo contra los servidores públicos que violan derechos humanos en Coahuila.
Policías violan derechos humanos en Coahuila
El pasado mes de mayo, una integrante de FUUNDEC denunció que un grupo de policías estatales ingresaron a su domicilio en la ciudad de Torreón para allanarlo, golpear a una persona que estaba en su interior y robar artículos personales.
Por los hechos, la victima denunció penalmente a los uniformados responsables, sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no ha avanzado en las investigaciones.
«A 21 días de la denuncia correspondiente, dentro de la Carpeta de Investigación no obraba diligencia alguna para la investigación de los hechos e identificación de los responsables, pues únicamente se encontraba la denuncia y el oficio hacia el médico legista para la certificación de lesiones, resaltando que ni siquiera el certificado médico se encontraba integrado a pesar de haberse realizado el examen correspondiente el mismo día de la denuncia.«, indica el pronunciamiento.
Violan derechos humanos en Coahuila y reina la impunidad
El comunicado emitido por ambas organizaciones hace hincapié en se violan derechos humanos en Coahuila y la impunidad reina, por lo que no hay garantías para tener acceso a la justicia y a la reparación del daño.
«Lo anterior refleja la complicidad e impunidad que prevalecen en la administración de justicia entre las entidades encargadas de investigar, dar con los responsables y salvaguardar los derechos humanos e integridad de las familias, lo que a su vez exhibe el nulo compromiso de las autoridades a la protección de las familias que buscan a sus familiares desaparecidos.»
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Durante la mañana del martes, integrantes de las organizaciones hicieron presencia en las instalaciones de la delegación de la fiscalía estatal en Torreón para presionar a las autoridades y que comiencen a la brevedad las investigaciones para sancionar a los servidores públicos responsables del abuso de autoridad.
