La falsa discusión sobre la posible desaparición del INE es insostenible. Las instituciones, para progresar, necesitan modificarse continuamente. En México somos resistentes a los cambios y el domingo 13 de noviembre miles de ciudadanos salieron a protestar por un motivo falaz y sin sustento.

¿Desaparición del INE?

La reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador promueve la creación del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, de tal manera que se impulse, según su punto de vista, la democracia participativa. Además, la reforma también plantea la eliminación de 200 diputados, la creación de listas proporcionales para su elección, desaparición de los OPLES y Tribunales locales, así como la disminución en el número de regidores, diputados locales y senadores.

En el texto, también se buscaría que los Consejeros del Instituto sean electos a través del voto y propuestos por el poder legislativo.

Este panorama, afincado desde los conceptos de austeridad que promueve el gobierno federal, no es bien visto por quienes integran al actual INE, ni por la sociedad civil organizada que tampoco coincide con las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador.

Este contexto despeja la primera duda; la desaparición del INE no está proyectada solamente se plantea una reestructura integral en su funcionamiento y operación.

La discusión  en medios de comunicación y redes sociales es falaz porque está centrada en una idea equivocada. Si en lugar de sugerir que el INE va a desaparecer, se debatiera sobre una posible segunda vuelta electoral o sobre un mínimo de participación ciudadana para que una elección sea vinculante o sobre evitar que se propaguen los partidos satélites, el movimiento tendría un sentido más lógico.

Las marchas contra la desaparición del INE

El domingo 13 de noviembre vimos decenas de marchas en, al menos, 21 entidades federativas de México. En Torreón, por ejemplo, un buen número de ciudadanos se dieron cita en las afueras de la sede de la junta distrital 05 del INE, frente a la Alameda Zaragoza y caminaron hacia la Plaza Mayor de Torreón.

La consigna, de todos y todas, fue que el INE no se toca, que la reforma será contraproducente y que es momento de defender la democracia. Nuevamente, más allá de que la preocupación sea genuina, la petición o exigencia fue falaz porque en ningún momento se está promoviendo la desaparición de la institución.

En México somos resistentes a los cambios. El INE ha perdido credibilidad y lo refleja el estudio que ellos mismos realizaron para evaluar si la reforma electoral era viable. Sus intervenciones, en su mayoría laxas, son el reflejo de que la institución necesita revalorizarse.

Recordemos 2017. La elección en Coahuila. Las inconsistencias fueron documentadas por ellos mismos, pero no tuvieron el peso ni la fuerza para lograr que el Tribunal revocara el resultado de la elección y llamara a nuevos comicios.

Analicemos los presupuestos de egresos que, en año electoral, inflan sus partidas para ayudas sociales hasta dos o tres veces y el INE ni las manos mete.

Veamos el comportamiento de los OPLES o institutos locales electorales, que normalmente son cooptados por los gobernadores, no fungen como un ente fiscalizador sólido y estricto y tienden a no sancionar ni a reprimir a quienes ostentan el poder.

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Desde Red es Poder, aplaudimos cualquier expresión social que lleve a la discusión pública un problema colectivo, sin embargo, «El INE no se toca»  es un movimiento que obedece a intereses empresariales y políticos que van más allá de una genuina preocupación por la salud democrática de México.

Es, precisamente por este motivo, que el gancho principal del movimiento es débil. La desaparición del INE es inviable. En México no va a entrar una dictadura. Debemos madurar como sociedad, aprender a discutir las temas claves que definan nuestro rumbo y analizar, con frialdad, el origen de los movimientos que llevan a miles de personas a las calles.

Todo mensaje, publicación, movimiento o marcha obedece a un interés. Luchemos para que éste siempre sea el del bien colectivo, no la bandera de grupos sectarios que se definen a través de la defensa de sus privilegios.