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La gran deuda de AMLO en su segundo informe

En unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su segundo informe de gobierno y hay muchas cosas por analizar y cuestionar. Haremos hincapié en un tema que el mismo mandatario evade con frecuencia.

Durante la semana pasada que visitó Coahuila dio una muestra de su desprecio por la problemática de la desaparición forzada, pues declinó su presencia a la entrega del Centro de Identificación Humana cuando los colectivos de las víctimas exigieron ingresar y denunciaron indiferencia por parte del tabasqueño.

Las organizaciones como FUUNDEC y Grupo VIDA fueron directas al señalar que algo tan complejo no podía tener una solución sin las familias. López Obrador parece no entenderlo o mejor dicho no quiere aceptarlo.

Antes de llegar al poder cuando realizó los foros de pacificación fue testigo de la crudeza del tema e incluso al encontrarse en Ciudad Juárez con algunos colectivos hizo la promesa de dar prioridad a las acciones para dar con el paradero de los miles de desaparecidos que dejó la guerra contra el narcotráfico.

Pero hay un enorme contraste entre las palabras que dio aquel día de 2018 y lo que ocurrió en los dos años siguientes: recortes presupuestales a instituciones clave para atender la problemática y selecciones a modo de los titulares de esos espacios que en teoría deben tener toda la preparación y un sentido humano enorme.

Su gobierno presentó de forma reciente también una base de datos y un mapeo de cifras para dimensionar la problemática.

Según la plataforma, hay más de 70 mil personas desaparecidas en México y la cifra extrañó a los miembros de los colectivos no porque no creyeran el alcance del horror, sino porque hasta hoy no hay claridad de parte del gobierno federal en cuanto a cómo armó esa estadística.

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López Obrador también cometió un error que los colectivos le han reprochado desde su campaña: dar prioridad a casos emblemáticos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hay que aclarar que no quiere decir que las organizaciones estén en contra de dar con el paradero de los estudiantes, sino de que el presidente insiste en hablar de compromisos en casos emblemáticos cuando cada desaparición ocurrida en el país se puede catalogar como crimen de Estado al menos por dos cosas: una porque no se pudo garantizar la seguridad de los mexicanos, pese a ser un derecho constitucional; así como por la participación de instituciones del gobierno en los hechos.

A dos años de que Andrés Manuel llegó al poder tiene muchas deudas con el país, pero la más relevante de todas tiene que ver con las víctimas de la violencia que hasta hoy sigue incontrolable. Las desapariciones son apenas una muestra de todo el horror que el mandatario prefiere ignorar.

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