La comunidad de El Bajío, dentro del municipio de Caborca, en Sonora, fue consumida por Peñoles y sus subsidiarias, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
De acuerdo con el organismo, Peñoles llegó en 1996 a la comunidad y despojó parte del territorio a los habitantes de la comunidad. Así mismo, realizó extensiones que lograron fundar la mina La Herradura, misma que está extendida por 400 hectáreas.
Las acciones de Peñoles contra El Bajío
Entre 2009 y 2011, bajo la operación de Minera Penmont, filial de Grupo Fresnillo PLC, se construye la mina Soledad-Dipolos y en 2017, la entonces secretaria de desarrollo territorial y urbano, Rosario Robles, le concedió a la minera un titulo de propiedad, situación que, de acuerdo con la Red, es totalmente inconstitucional.
El mensaje de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) viene a colación para recordar la muerte de Alberto Bailleres, quien perdiera la vida el pasado 2 de febrero a los 90 años de edad.
«A lo largo de 26 años ejidatarias y ejidatarios de El Bajío han venido sufriendo desalojo: allanamiento por parte de la policía estatal y la Guardia Nacional con armas largas; criminalización (detenciones arbitrarias, encarcelamientos, demandas penales por despojo); secuestros, torturas; amenazas de muerte y el asesinato de Raúl Ibarra De la Paz y Noemí Elizabeth Pérez Gutiérrez en el 2018 y de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en 2021«, denuncia el comunicado.
Fallo judicial provoca más violencia de Peñoles contra El Bajío
Las y los habitantes que resistieron contra los planes de la minería impulsada por Peñoles, lograron un triunfo histórico cuando el Tribunal Unitario Agrario número 28, en ese entonces a cargo del magistrado Manuel Loya Valverde, emitió una sentencia a favor del ejido. En ella, el juez determina que la mina estaba obligada a pagar renta por las tierras que habían invadido, devolver el oro extraído ilegalmente y resarcir los daños ambientales.
De acuerdo con REMA, a partir de ese momento, la violencia se recrudeció en contra de los beneficiarios del fallo judicial.
«Ocho ejidatarios son levantados por efectivos del ejército y retenidos por 24 horas de manera ilegal. En esa detención les piden 100 mil pesos para liberar a cada ejidatario; liberan a 4 y los otros 4 son acusados de robo y de portación ilegal de armas de fuego (armas sembradas por el ejercito a los ejidatarios detenidos). Dos de ellos no hablaban español y los mandaron al penal de alta seguridad del Rincón, en Nayarit. El magistrado Loya Valverde ya no es ratificado por el Senado para seguir en el TUA por su fallo», denuncia el comunicado.
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Posteriormente, Alberto Bailleres, en 2015, fue condecorado por el Senado con la medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción que puede dar a un ciudadano el poder legislativo mexicano.
En su momento, el presidente López Obrador lamentó el homenaje e indicó que Bailleres no era más que un integrante de la mafia del poder.
Tras su fallecimiento, el mandatario nacional indicó que se habían vuelto más unidos, que fue a comer varias veces a su casa y ya no recordó las palabras que en su momento pusieron en duda las maneras del cuarto empresario más rico de México y uno de los 500 más acaudalados del mundo.
