En Coahuila el acceso a la justicia es limitado. La impunidad es una variante constante. Denunciar un delito es una odisea que no cualquiera puede soportar.
Familiares de desaparecidos, de mujeres víctimas de feminicidio, de víctimas de asaltos, robos, secuestros, extorsiones. Todas esas personas, en algún momento, fueron atendidas por un Ministerio Público, presentaron una denuncia y, normalmente, no tuvieron acceso a la justicia.
De acuerdo con Impunidad Cero, en Coahuila solamente hay 12.6 agentes del Ministerio Público por cada cien mil habitantes. Esta cifra es superior a la media nacional, que es de 10.4.
A lo largo de la administración de Miguel Riquelme se han presumido una serie de inversiones que tienen relación con el mejoramiento al acceso a la justicia, sin embargo, en términos numéricos, la situación no ha cambiado.
En Coahuila las posiciones totales dentro de los poderes están integradas por militantes del PRI, más que por especialistas en diversas áreas.
En el caso del poder judicial, el titular estatal es Miguel Mery Ayup, político tricolor que nunca ha litigado pero que fue designado como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.
Mery, en su momento, fue candidato a la presidencia municipal de Torreón por el PRI, justo cuando terminó la gestión de Miguel Riquelme. Mery Ayup perdió la contienda y su premio de consolación fue encabezar el sistema de justicia estatal.
Sin justicia en Coahuila
Este mismo fin de semana, colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron en la ciudad de Saltillo para condenar lo poco que ha hecho Miguel Riquelme en torno a facilitar el acceso a la justicia.
En Coahuila se creó una ley, una comisión y hasta una fiscalía especializada, pero nadie da resultados, nadie da certezas, nadie termina con la impunidad.
En 2020, por ejemplo, el porcentaje de efectividad en la procuración de justicia en Coahuila apenas fue del 17.2 por ciento y si nos vamos a la posibilidad de esclarecimiento, Impunidad Cero señala que en 2020 fue del 1.26 por ciento.
En temas de corrupción, tampoco hay justicia en Coahuila
Si nos vamos a temas de corrupción, en Coahuila tampoco hay acceso a la justicia. Ni el Sistema Anticorrupción ni la Fiscalía Especializada actúan para sancionar y encarcelar a funcionarios públicos que en el pasado o en el presente hayan cometido irregularidades.
¿Pensar en que los hermanos Moreira van a ser juzgados por la contratación de la megadeuda y la utilización de empresas fantasma? Eso resultaría una utopía y más sin recordamos que el Fiscal Anticorrupción trabajó para ellos y que Miguel Mery fue uno de los diputados locales que aprobaron la contratación de la megadeuda a través de documentos falsos.
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Todo en Coahuila está ligado a través de intereses particulares. La justicia, en delitos del fuero común y en temas de corrupción, no existe. Aquí trasciende quien tiene más contactos, quien es más influyente y quien obedece a las reglas que pone el gobernador en turno.
¿Queremos pensar en un estado justo? ¿Queremos pensar en que la impunidad podría combatirse? El único camino sería destruir el nepotismo, los amiguismos y los intereses que reinan al interior del sistema de justicia estatal.
Más allá de las estadísticas, Coahuila es un estado manejado por un club de Toby que nadie puede penetrar. La separación de poderes no existe, la exigencia y la crítica de sociedad civil es limitada porque todos y todas tienen intereses comerciales por proteger.
Duele ver a un estado indefenso, impune e injusto para una sociedad que ha sufrido desapariciones masivas, ejecuciones, robos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos.
En Coahuila el acceso a la justicia es limitado. En Coahuila, lamentablemente, la impunidad es la reina de todos los vicios.
