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Por Patricia Hernández González

Llegaba otro de relevo, aquel gabinete del 2018 mostrado por el ejecutivo federal ya no existe más. Siempre hay creo yo, un político incondicional a la medida.

Destituir, retirarse, abandonar, postularse, todo en un ágil movimiento clave que, bueno, en su lugar hace frente a las acciones o decisiones políticas venidas del “jefe”, con ese toque de austeridad para que ligue sin mancha algún trabajo importante de ataque a la corrupción.

Qué trascendente puede ser estar cerquita de él, será en verdad un honor. No lo sé, no reparo en el asombro que quiere decir con el hacer de prioridades de ese aparato burocrático enraizado, qué hacer y cómo transformar el pasado dominante, reorganizarlo, (de)construir, reducir o eliminarlo.

Con qué propósito habría de detenerse en la democracia y sus cimientos, para qué, si en “toda” ella brota negrura, en el descrédito de sus antecesores.  

Machacar y exhibirlos, exhibir evidencias escandalosas de estafa en gestiones, procesos, de cada uno de los medios administrativos de control de los organismos autónomos de poderes diferentes y constitucionalmente independientes, así como a las entidades federativas y a los municipios.

Una lista negra de expedientes que como parte de una estrategia hace una lluvia de pronunciamientos que revientan únicamente en el discurso (como si el discurso diera para comer, trabajar, ahorrar o invertir), el discurso alimenta para confiar plenamente en la figura corrugada de ideales, en el luchador social transformista, y claro, esto es fatalmente atractivo, imponente y uno como observador o bien activista de sus dones emociona y eriza la piel. Lo cierto es que ningún político metido hasta el hueso expresará con claridad sus objetivos y en ese vapor la maquinaria institucionalizada, es decir la puerta grande de la administración pública, utiliza y  legitima sus intereses.

Corre más pesada esa burocracia de competencia hacendaria, iniciando con la distribución o reparto del Presupuesto de Egresos (ejercicio en donde los diputados federales todos los años, definen los montos de los recursos públicos para el siguiente año), o ese primer plan de descentralizar las dependencias federales hacia los Estados (el cual inició y aun no acaba), o la discrecionalidad en asignación de recursos, así como la excesiva centralización recaudatoria, o la creación de otros organismos, medidas “por decreto” que llevan y llevaron fuertes gastos que contradicen su política de austeridad, aunque “nada por la fuerza, sino todo por la razón y el derecho”. Básicamente, un vaivén de condiciones que van sofocando la lógica de otras realidades, realidades que empiezan a dar muestras, señales, signos de resistencia.   

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El desorden que todos estos movimientos representan, están apegados a la Ley, plenamente justificativos para un “mejor cumplimiento” del gasto ampliarlo o reducirlo‒, es decir acomodarlo a un ajuste que solamente el Ejecutivo lo sabe con certeza. Pero, bueno, a estas alturas y con una crisis sanitaria la bola del engrudo espesa su forma.  

Celebro entonces el bien a México, la aspiración es que lleve al país a un mejor destino no al grado de ser expectativa consolidada. Y todo reclamo no necesariamente es tramposo, ‒conmigo o en mi contra‒ así lo advierte, lo mismo digo, conmigo o en mi contra, porque su meta es también ganar las elecciones, entonces tengo o no el derecho de inquirir si el desaseo del gasto público cuenta cómo corrupción o se justifica. 

Será que aquí las reglas del juego son otras. Un nuevo régimen para asegurar, en un mismo sistema para abusar.

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