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Los fideicomisos más allá del blanco y negro

Epicentro | Luis Alberto López | @luisalbertolo

Una práctica frecuente del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación es desaparecer diversas áreas o figuras administrativas con el argumento de altos niveles de corrupción en su funcionamiento. Sin embargo, las acciones carecen de algo más que una acusación y quedan como un capricho sin una propuesta diferente.

Es lo que sucede con la iniciativa para la eliminación de 109 fideicomisos federales que discuten los legisladores en San Lázaro y que merece un análisis especial más allá de tomar partido por algo que no es tan fácil como decir bueno o malo, blanco o negro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado varias veces que existen “trácalas” en la forma en que operan esas figuras administrativas con aportaciones mixtas y tiene razón, pero manejar en absoluto también es engañoso.

Me explico: las investigaciones periodísticas de diversos medios ya dieron cuenta de irregularidades y anomalías en diversos fondos como el de Desastres Naturales. Una prueba de eso la tenemos en la administración federal peñista donde hubo señalamientos de desvíos y malos manejos de los recursos o beneficios.

Coahuila fue foco de atención al respecto cuando se abrió una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por presuntos usos proselitistas en Torreón de apoyos vinculados al fideicomiso.

Es evidente que no fue el único y último escándalo con esa figura administrativa, pero justificar con eso su desaparición es una medida radical que denota que no se analizó también lo bueno que pudo haber generado.

Simplemente es la vía por la que los estados y municipios adquieren recursos para hacer frente a frecuentes desastres naturales, aunque las entidades no se caracterizan por un ejercicio limpio, lo cual valdría denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias.

Un caso similar ocurre con el Fondo Metropolitano que otorga de forma anual recursos a diferentes regiones del país.

En el caso de La Laguna no es un secreto que su aplicación ha estado alejada de las necesidades de conectividad, servicios públicos y obra pública que beneficie a los cuatro municipios que componen esta zona. Habría que recordar que los pocos proyectos “exitosos” fueron puentes intermunicipales que tardaron más de tres años en su conclusión y estuvieron envueltos por el escándalo.

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Otros fideicomisos que se pretende suprimir y que considero sería lo más grave, son los enfocados al apoyo de las familias de personas desaparecidas o el de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. No dudo que existan malos manejos en ellos en ciertas esferas ajenas a las víctimas, pero quitarlo de tajo viene a vulnerar grupos sociales que históricamente han luchado porque el gobierno entregue algo que es su obligación al no garantizar la seguridad.

Ya diversos colectivos y familias se pronunciaron al respecto de manera más que válida y que merece un respaldo de los diputados si es que realmente se dicen emanados de partidos progresistas.

El discurso de corrupción administrativa es válido siempre que exista una propuesta clara de solución al problema más allá de eliminar algo, lo cual no vemos con claridad porque el presidente habla de entregar de forma directa apoyos y depurar padrones de beneficiarios que no se ha dado cuenta también pueden depender de la disposición que los burócratas en turno tengan.

El presidente y los diputados deben tomar en cuenta que el periodo para el que fueron electos avanza (en el primer caso lleva un tercio y en el segundo está por acabar) y tener claro la manera en sustituirán esas figuras administrativas porque si no al final del sexenio tendremos un país sin estructuras sólidas que permitan hacer frente a diversas problemáticas.

A los que se oponen desde la trinchera política ojalá estén a la altura de las circunstancias de la exigencia y no lo dejen en berrinches partidarios, mientras que a las víctimas y sectores vulnerados se les tome en cuenta porque de no hacerlo el encono y olvido a ese sector le cobrará caro al gobierno que externó hace tiempo abrazar sus causas.

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