El Gobierno de Coahuila es intolerante. La crítica a través del periodismo, de la política y del activismo no es bien recibida por las autoridades estatales.
La semana pasada, el diputado local por el Partido Acción Nacional, Rodolfo Walss, fue detenido momentáneamente por haber organizado una protesta con un autobús del transporte público.
El funcionario estatal pegó unas calcas en un camión, lo nombró fraudebus y su intención era exponer las anomalías que se han documentado alrededor del proyecto del Metrobús Laguna.
La rueda de prensa para anunciar la campaña no se pudo dar porque el diputado fue interceptado por funcionarios de autotransporte, le quitaron el camión y, alegando una agresión, ordenaron la detención del Walss.
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La intolerancia del Gobierno de Coahuila
Más allá de los intereses políticos que esté defendiendo Walss Aurioles, el Gobierno de Coahuila mordió el anzuelo. Demostró que no es receptivo a la crítica y que, por mantener el «orden», es capaz de ejecutar detenciones arbitrarias.
Lo que le sucedió a Walss Aurioles sólo es el reflejo de lo que viven muchas personas que, sin influencias, son detenidas, hostigadas y hasta golpeadas por policías estatales.
Para nadie es una novedad que las fuerzas policiacas de Coahuila son las instituciones de seguridad que más quejas reciben ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Los principales motivos son abuso de autoridad, detención arbitraria y agresiones.
¿Qué pasa si en lugar de Walss la autoridad estatal hubiera detenido a alguien no visible? Posiblemente esa persona habría sido paseada en la patrulla, pudo haber sido victima de golpes y la hubiesen ingresado a la cárcel por algún delito como agresión a la autoridad, desacato o alteración del orden público. La intolerancia está a flor de piel.
El Gobierno de Coahuila contra el activismo
En Coahuila, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 32 activistas defensores de los derechos humanos cuentan con el mecanismo de protección porque están amenazados. Esta es la novena cifra más alta de todo el país, sólo por detrás de entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Guerrero.
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En Coahuila se amenaza continuamente a activistas defensores de los derechos humanos y eso sólo refleja una realidad; la intolerancia hacia la crítica y la libre manifestación de las ideas.
El Gobierno de Coahuila contra el periodismo
En tanto, la misma Secretaría de Gobernación informó que son 17 las y los periodistas que también cuenta con el mecanismo de protección en Coahuila. Esta cifra representa la octava más alta de todo el país.
De acuerdo con la organización Artículo 19, diez mujeres periodistas fueron amenazadas en Coahuila el año pasado. Esto significa que el estado se situó como el cuarto con la incidencia más alta de todo el país, sólo por detrás de la Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo.
Todas las cifras anteriormente expuestas sólo reflejan que en Coahuila es peligroso expresarse con libertad, defender una causa y hacer periodismo duro y crítico.
Más allá del discurso de la autoridad estatal y municipal, el Gobierno de Coahuila y las administraciones afines a él, no toleran, bajo ninguna circunstancia, que se les exhiba. Al final de cuentas, el gobernador, Miguel Riquelme, tiene en su mano los tres poderes; el legislativo, con Eduardo Olmos y la mayoría en el Congreso, el judicial con Miguel Mery, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Hugo Morales y el propio Ejecutivo, con él mismo en el timón.
