La emergencia sanitaria provocó que los gobiernos estatales, así como el federal, gastaran los recursos discrecionalmente, sin cumplir con los estándares mínimos para evitar malas interpretaciones y casos de corrupción.

Pandemia y corrupción; crisis y opacidad del gasto público, fue un diálogo organizado por Iniciativa Sinaloa en el que participamos Jorge Espejel y Gerardo Pineda, directores de Red es Poder, así como Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Vania Pérez, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Isabel Mercado, periodista y Sibely Cañedo, coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa.

Durante el diálogo, las y los panelistas tuvieron la oportunidad de analizar el fenómeno de la corrupción y el gasto público durante la emergencia sanitaria. Las y los periodistas, a partir de investigaciones realizadas para el Border Hub, platicaron su experiencia y los hallazgos encontrados, mientras que Bohórquez y Vania Pérez, desde la sociedad civil organizada, plantearon caminos que pudieran tomarse para erradicar la opacidad y los casos de corrupción durante las contrataciones públicas.

«El periodismo y la sociedad civil estábamos al tiro y al día. Salimos antes de la declaratoria de emergencia, no después de la declaratoria de emergencia. Hubo oídos sordos a los riesgos de corrupción por parte de autoridades y de otros funcionarios públicos, porque se les advirtió qué iba a pasar, cómo iba a pasar en dónde estaban los nudos, en base a la experiencia histórica, pero también a la naturaleza de la pandemia global», explico Bohórquez.

Gasto público durante emergencia sanitaria

Antes de que iniciara la pandemia, el periodismo y la sociedad civil fueron forjando bases para endurecer el combate a la corrupción a través de piezas de investigación que promueven la fiscalización y la rendición de cuentas. La mancuerna se ejemplifica con esfuerzos que realizan organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Transparencia Mexicana, IMCO, entre otros.

De acuerdo con Bohórquez, en todo el mundo, las adjudicaciones directas ya rebasan el 95% de las compras públicas. La opacidad y la discrecionalidad se amalgamaron y se instalaron dentro de los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios.

«Pocas veces nos ponemos a pensar o nos ponemos a investigar qué está pasando con nuestro dinero en el tema de salud, muy pocas veces, aunque debería ser básico», indicó Vania Pérez, integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción.

A finales de 2020, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el 43% de las compras públicas federales se hicieron por adjudicación directa. La pandemia comenzó a orillar a las administraciones a brincar protocolos y procesos para acelerar las compras. En 2021, la tendencia, al final del primer semestre, continuó a la alza. Mexicanos Contra la Corrupción documentó que las adjudicaciones directas subieron hasta el 80.6% de todas las compras gubernamentales.

«La corrupción en esencia presupone que quien la maneja, quien la controla, quien forma parte de ella, lo hace bajo intereses propios.» explicó Gerardo Pineda, co-director de Red es Poder.

Y es que, de acuerdo con Pineda, la proliferación de la corrupción es antagónica al fenómeno humanitario y empático que abrazaron los seres humanos para combatir la emergencia sanitaria. La ciudadanía puso el ejemplo, las autoridades la opacidad y la asignación discrecional de recursos, proyectos y compras públicas.

El periodismo y la emergencia sanitaria

El Hub de periodismo de la frontera norte está promoviendo investigaciones que ayuden a fomentar la transparencia en los estados del norte de México. El equipo de Red es Poder y la periodista Isabel Mercado realizaron dos investigaciones que ejemplificaron de manera muy rigurosa cómo se asignaron proyectos a empresas irregulares, sin respetar lineamientos y con montos que, en tiempos normales, debieron haber sido concursados.

«Sin duda el desvío de fondos públicos afectó un servicio esencial, sobre todo en estos momentos, como es el servicio de salud. El desvío de recursos se puede ver en muchas áreas, pero en el tema de salud, algo tan sensible, durante la pandemia, se vio más marcado. Lamentablemente he sabido que, ante un gran evento que se sale del control de las autoridades, es mal aprovechado. Tan mal aprovechado que logramos documentar algunos casos de desvío de recursos o de asignaciones de contratos millonarios de manera irregular», comentó Isabel Mercado, periodista de investigación avecindada en Tijuana.

Desde Red es Poder, Jorge Espejel y Gerardo Pineda documentaron la contratación irregular de Rekening S.A de C.V, una empresa propiedad de Luis Alfredo Rayet, piloto aviador, que instaló un hospital móvil en Monclova. Rayet ha sido vinculado en la trama de desvío de recursos de empresarios y funcionarios estatales desde Coahuila hacia Estados Unidos.

«El tema de la adjudicación, independientemente de la declaratoria de emergencia, tiene excepciones que se deben cubrir. Esas pequeñas excepciones tampoco las cumplen, la adjudicación perfecta también da la opción para no cumplir con ningún requisito; simplemente recibir el dinero y hacer lo que el gobierno solicita», explicó Jorge Espejel, codirector de Red es Poder.

Conclusiones alrededor de la emergencia sanitaria y casos de corrupción

Eduardo Bohórquez explicó que además de las contrataciones de servicios y obra pública, otro sector que se movió con mucha opacidad fue el de las telecomunicaciones. Las pautas y los recursos asignados a medios de comunicación no fueron transparentes.

«Se autorizó que se pudiera comercializar parte del 12.5% de tiempos oficiales por parte de las televisoras. El Estado Mexicano para temas de salubridad se reserva el 12.5% del tiempo de una televisora y es de uso exclusivo del Estado. Durante la pandemia, de frente, en un tweet, se anuncia que les van a autorizar a las televisoras comercializar parte del 12.5%. ¿Cuántos millones creen que sea eso? Es un apoyo importante, pero si ustedes ven la narrativa oficial, es que no se dieron apoyos, eso es un apoyo. Cuando tú le permites vender a alguien algo que no puede vender, eso es un apoyo», explicó el director de Transparencia Mexicana.

Isabel Mercado, por su parte, concentró cientos de contratos y adjudicaciones para rastrear y determinar los criterios que utilizó el gobierno de Baja California para hacer contrataciones públicas. Al final, todo derivó en discrecionalidad y opacidad durante la emergencia sanitaria.

«Hay un manoseo en el gasto público y las asignaciones de contratos se hacen a modo con el río revuelto de una pandemia. Era obvio que se iban a aprovechar», indicó Mercado.

Vania Pérez destacó los esfuerzos conjuntos que hizo Sociedad Civil para combatir la opacidad durante la emergencia sanitaria, sin embargo, la batalla no está ni cerca de ganarse.

«Tenemos que meternos a hacer un corte de caja, más que un diagnóstico, de qué pasó y hacia dónde podemos ir. Esto nos deja claro que los sistemas de salud en México y en el mundo se deben repensar y debe haber consecuencias para quien no se comporta de manera íntegra en el ejercicio de sus funciones«, concluyó Vania.

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Para Jorge Espejel lo ideal, desde la experiencia de haber participado en la investigación del hospital móvil, sería generar un equipo interdisciplinario para que las investigaciones terminen en denuncias o en propuestas legislativas. Actualmente, por el reportaje vinculado a Luis Alfredo Rayet, Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública.

«Si tienen una empresa, no van a contratar a una persona que ha sido señalada por «n» cantidad de cosas en declaraciones juradas en Estados Unidos, relacionadas con movimientos de dinero del gobierno del Estado. Debería estar legislada esta parte, puedes ser proveedor sólo si no tienes ningún antecedente judicial ni administrativo con las autoridades en México o en Estados Unidos», propuso Espejel.

Por su parte, Gerardo Pineda agregó que también sería necesario que la audiencia y medios aliados se unan para distribuir las investigaciones. De esta manera se podría marcar agenda e influir positivamente en la opinión pública.

«Nosotros centramos mucho nuestras fuerzas en el tema de la distribución. Primero construimos este hijo que es una investigación y a la hora de distribuirlo puede llegar a mil personas, pero allá afuera necesitamos de las manos de 30 mil personas o más para que estén haciendo la presión que necesitamos para que responsa el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial».

El gasto público siempre será tema de investigación. Cada vez hay más herramientas para descubrir cómo se gastan el dinero y quién lo recibe. El ojo de la ciudadanía, de la sociedad civil y del periodismo está, permanentemente, encima de quienes toman las decisiones. Robar ya no es tan fácil como antes.