El Sistema Universitario Jesuita, donde se encuentra la Ibero Torreón, emitió un pronunciamiento para exigir justicia a las autoridades por las y los desaparecidos.
En el documento, las instituciones firmantes recalcaron que, aunque es obligación del Estado investigar, juzgar y sancionar a las y los responsables del delito de desaparición forzada, muchos de ellos, hoy en día, continúan impunes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, se estima que, en México, existen, al menos, 91 mil personas reportadas como desaparecidas desde 1964.
Las entidades que concentran más casos son Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora , Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México.
En el caso particular de Coahuila, si bien en acumulación de casos no figura dentro de los primeros lugares, sí se mantiene dentro de los cinco con niveles más altos de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes, sólo por detrás de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Sonora.
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En cuanto al pronunciamiento, el ITESO, la Ibero Torreón, Puebla, León, Ciudad de México, Tijuana, el Instituto Superior Intercultural Ayuuki y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, publicaron una lista con siete peticiones puntuales para el gobierno federal:
- Continuar con la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
- A las entidades del país, continuar con la armonización de la Ley General de la la Ley de Declaración de Ausencia.
- Poner en marcha el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y adoptar todas las medidas necesarias para la identificación pronta y certera de las personas, incluyendo la implementación del mecanismo extraordinario de identificación forense.
- Investigar, sancionar y reparar los daños a las víctimas.
- Seguir los protocolos de atención hacia las víctimas para evitar su revictimización.
- Generar un mecanismo institucionalizado a nivel federal y estatal de presupuestación progresiva en la materia, para que las tareas de búsqueda e identificación forense estén posibilitadas financieramente.
- Sobre todo, a adoptar medidas preventivas eficaces para que erradiquemos un flagelo como éste.