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La utopía: juicio a exgobernadores de Coahuila

Editorial | Red es Poder | @redespoder

Mucha polémica ha generado el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se llevara a cabo una consulta ciudadana para avalar o reprobar el juicio en contra de los expresidentes. La comentocracia ha reiterado que será un proceso caro e inútil, ya que si alguien comete algún acto de corrupción tiene que pagar las consecuencias sin importar la voluntad de la ciudadanía.

Se calcula que la consulta podría costar alrededor de 8 mil millones de pesos, esta cifra duplica lo que año con año paga el Gobierno de Coahuila por el manejo de la deuda pública.

Estemos de acuerdo o no con las formas y la dinámica política que conlleva la consulta para enjuiciar a los expresidentes, este ejercicio no vendría mal en Coahuila para llamar a cuentas a los exgobernadores que abusaron de la confianza ciudadana.

Cómo no recordar la opaca manera en la que se manejó la construcción y posterior demolición del Distribuidor Vial Revolución en la ciudad de Torreón durante las administraciones de Enrique Martínez y Martínez y Humberto Moreira. Ya en la gestión del profesor, sería imposible olvidar la proliferación de la violencia por el crimen organizado, la obra pública descontrolada y una deuda que creció más de 100 veces en tan sólo un sexenio.

Después llegó el interinato de Jorge Torres López, las masacres de Allende y Piedras Negras, la compra de predios y casas en Estados Unidos y el lavado de dinero público más allá de nuestra frontera. Después llegó Rubén Moreira, hermano de Humberto, quien mantuvo la deuda en el mismo nivel y se vio involucrado en un escándalo millonario por la contratación de empresas fantasma que ofrecían servicios de lavandería de ropa.

En 2017, con un aire de renovación, llegó Miguel Ángel Riquelme a la gubernatura. El ahora mandatario estatal venía de participar como alcalde de la ciudad de Torreón. En reiteradas ocasiones fue señalado por organismos de la sociedad civil por ejercer presión y violencia en contra de quienes le criticaban. Ya como gobernador facturó más de 53 millones de pesos con empresas fantasma, de acuerdo con una investigación periodística presentada por Miriam Ramírez de la organización Iniciativa Sinaloa.

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Como ven, los exgobernadores de Coahuila también deberían rendir cuentas, sin embargo, contamos con un congreso servil, que ignora sus tareas de fiscalización. Nuestro Sistema Anticorrupción fue construido y diseñado por el propio Rubén Moreira, quien dejó en los puestos clave a allegados como Jesús Homero Flores Mier, Armando Plata Sandoval, Teresa Guajardo Berlanga, entre otros personajes.

Imaginar a un gobernador o exgobernador coahuilense procesado por la justicia mexicana sería una utopía. El sistema de impartición de justicia en Coahuila no está diseñado para romper con el pacto de impunidad. Ni los 36 mil millones de deuda, ni las masacres, ni las empresas fantasma, ni el lavado de dinero, ni las propiedades en Estados Unidos son motivos suficientes para investigar, fiscalizar y llamar a cuentas a los mandatarios estatales.

En Coahuila vivimos un cacigazgo. El gobernador en turno tiene más poder, dentro de su jurisdicción, que el propio presidente de la república. Ojalá algún día el sistema se vuelque a favor del Estado de Derecho y termine con el pacto de impunidad que tiene protegidos y vacunados a los funcionarios que pisaron la dignidad de la ciudadanía coahuilense.

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