Por Antonio Rosales
No pocas veces se ha escrito en este espacio sobre el caso Wallace, aquel que inició con el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto (Wallace Miranda, Miranda Torres o León Miranda, dependiendo del acta de nacimiento a la que se tomé como referencia), hijo de la empresaria y fundadora de la asociación civil Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Caso e historia que aterra por la montaña de atrocidades, contradicciones y pruebas endebles sobre las que se sostiene, y que hacen pensar, con bastantes bases sólidas, la posibilidad de que haya sido fabricado con quien sabe que clase de fines retorcidos, recordándonos que como ciudadanos no solo tenemos que tomar todo tipo de precauciones y cuidarnos de los criminales que operan en la ilegalidad, sino también de los maleantes de cuello blanco que operan “legalmente” y que también abundan entre políticos, empresarios, magnates, policías, militares y posiblemente hasta entre “activistas”.
En su momento, en 2014 para ser exactos, periodistas de investigación como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga fueron pioneras en cuestionar e investigar la historia que la señora Wallace, los gobiernos en turno y los grandes corporativos mediáticos nos contaron, aunque ya años antes el bloguero vasco, Luis Miguel Ipiña, había empezado a publicar sobre el tema en un blog que fue cerrado después de que fuera detenido en 2011. Ipiña llegó a sostener en entrevistas para medios como el semanario Proceso y el portal Los Ángeles Press, que le sembraron un arma y que los mismos policías le aseguraron que lo detenían “por haberse metido con la señora Wallace”, tras lo cual pasó año y medio en un penal de Chiconautla, Estado de México.
A partir de 2019, diferentes medios de comunicación se han sumado al cuestionamiento del caso, si bien es cierto Guadalupe Lizárraga ya llevaba haciendo una labor en solitario, dedicándose al tema completamente desde 2014, tanto como periodista e incluso desde el activismo y el acompañamiento a las familias, a pesar del veto e invisibilización que hasta la fecha su trabajo y el reconocimiento a la autoría original de sus investigaciones, aún padece en la mayoría de los medios de comunicación.
Sería muy repetitivo aquí rememorar las inconsistencias del caso, así como también las bestiales torturas (asfixia, ahogamiento, golpes, abusos sexuales, descargas eléctricas) a las que han sido sometidos los acusados del caso, sin mencionar las amenazas, persecución, posible espionaje y toda suerte de calumnias y actos intimidatorios que han padecido familiares, abogados, activistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas que se han acercado al caso.
El material que se ha publicado al respecto puede encontrarse con algo de búsqueda en la red, para quién realmente esté interesado en conocer los abusos, falsedades y horrores que componen y rodean este caso. Sin exageraciones, ironías, ni sarcasmos: Cualquier película de terror o película policiaca se queda corta ante los profundos infiernos que habitan en el llamado caso Wallace. Y lo peor es que, desgraciadamente, son historias reales y quizás, mucho más comunes de lo que normalmente imaginamos.
Sería más provechoso enfocarnos en una pregunta crucial, que seguramente muchos mexicanos que conocen de este tema se han hecho: ¿En dónde y en qué radica el enorme poder de la señora Isabel Miranda de Wallace, y por qué? ¿Qué es exactamente lo que la hace todopoderosa en el sistema político y judicial mexicano? ¿Por qué es más intocable que la mayoría de los políticos y empresarios de nuestro país? ¿Qué o quién la protege, quién le da (o dio) poder, influencia e impunidad a manos llenas? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué se le permitió controlar todo el poder judicial a su antojo, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿A quién o a quienes les convenía (o les conviene todavía) empoderarla a tal extremo y dejarla operar a su entero capricho, y por qué? ¿Qué les sabe a todos esos políticos y funcionarios judiciales, o que le deben? ¿La protegen porque la adoran, la respetan o le temen? ¿Por qué? ¿Qué es de todos esos políticos y funcionarios? ¿Socia, cómplice, aliada, amiga, jefa o subordinada? ¿De qué, o en qué, si la señora nunca ha tenido un cargo público, al menos no oficialmente hablando? Además de policías, funcionarios judiciales y políticos, ¿hay empresarios, banqueros u otros poderes fácticos en este oscuro entramado? ¿Por qué resulta tan peligroso tocar estos temas, si finalmente ningún particular debería estar por encima de ningún otro ciudadano (aunque es vox populi que eso no se respeta en los hechos, desgraciadamente)? Muchas preguntas sin resolver, demasiadas especulaciones y pocas respuestas que ayuden a clarificar por completo.
Estas preguntas resultan pertinentes tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y de facto, también del Consejo de la Judicatura Federal), en enero pasado, sucediendo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Norma Lucía Piña llegó por todo lo alto, abanderada desde su condición de mujer, feminista y “progresista”, lo que sea que esto último signifique en una época en que todos estos conceptos se han revuelto y hasta desvirtuado. Le llovieron felicitaciones y su discurso feminista, al asumir el cargo, conmovió hasta las lágrimas a muchas feministas y figuras públicas progres de ocasión. No fueron pocas las publicaciones que hicieron referencia a la importancia de que su nombramiento estaba “rompiendo el techo de cristal” (concepto feminista al que ella misma se refirió en su discurso inaugural) al ser la primera mujer en asumir tal cargo, y destacaron la importancia de que la Suprema Corte estaba recuperando su “autonomía e independencia”, luego de que Zaldívar fuera señalado en repetidas ocasiones de subordinarse completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En medio de las fanfarrias y de tal algarabía, se instaló la amnesia colectiva respecto a una columna publicada en mayo del año pasado, en el diario Milenio. En el texto, el periodista Ricardo Raphael de la Madrid reveló que Abraham Pedraza Rodríguez, primer denunciante falsario en el controvertido caso Wallace, es a la vez secretario de la ministra Norma Piña y cuñado de Isabel Miranda de Wallace. En aquel entonces, Raphael llamaba a la ministra Piña a excusarse respecto a la decisión que la Suprema Corte tenía que tomar sobre la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, una de las detenidas del caso Wallace, si bien este año ha defendido con sorprendente candor y dedicación el nombramiento de Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte.
Desde hace una semana, periodistas y personajes como Julio Hernández López “Astillero”, Fabrizio Mejía Madrid, Jesús Escobar, así como algunos youtuberos totalmente afines al actual gobierno, parecen haberse enterado apenas del nexo “Miranda de Wallace-Abraham Pedraza-Norma Piña” y de las graves implicaciones que podría tener dicho vínculo en la correcta impartición de justicia y concretamente en el caso Wallace. Quizás incluso el presidente y Comunicación Social de presidencia no tarden en hacerse los sorprendidos. La pregunta es, ¿de verdad el gobierno federal no lo sabía? Si lo sabían, ¿no vieron el posible conflicto de interés, y decidieron callar? Y si realmente no lo sabían, ¿entonces que clase de servicios de información tienen, que no se enteran de algo que ya había aparecido en un medio de comunicación nacional? Desde luego no se está llamando aquí a que el presidente viole la supuesta “independencia” de la Suprema Corte, pero si llama la atención que el presidente, tan obsesivo y observador de los movimientos de lo que él llama el bloque “conservador” (PRIANRD-MC y los desinflados grupos y nombres que la derecha multipartidista y el empresario Claudio X. González se inventan cada semana, con poco éxito) y que ha utilizado los tenebrosos casos Cassez-Vallarta y Wallace para criticar (con sobrada razón, eso no lo discuto) a los gobiernos pasados en sus mañaneras, se le haya escapado un dato tan importante.
A la entrada de Piña Hernández, en los últimos días ha seguido la renuncia de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval (ex titular de la Secretaría de la Función Pública) y quien era director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, órgano que depende del Consejo de la Judicatura que hoy también preside Norma Piña; instituto que, en sus últimos años, presuntamente se había dedicado a defender a Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y César Freyre, torturados y detenidos por el caso de la señora Wallace. Su salida fue el precedente de una serie de despidos y renuncias, entre ellos el de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, quien en su carta de renuncia y en diferentes entrevistas a medios de comunicación, ha expresado que no existen condiciones para continuar trabajando en dicho organismo y subrayó su preocupación de que en la nueva administración se continúen encubriendo las torturas e irregularidades del caso Wallace, como se ha hecho en gobiernos pasados, según sus propias palabras.
Tras la salida de Netzaí Sandoval Ballesteros, entró como titular del Instituto de la Defensoría Pública, la magistrada Taissia Cruz Parcero, a partir del primero de febrero del presente año. Cruz Parcero es también esposa de Renato Sales Heredia, actual fiscal de Campeche y ex comisionado de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según publicaciones de Los Ángeles Press basadas en cartas y declaraciones de los inculpados, Renato Sales Heredia presuntamente habría permitido la tortura a los detenidos del caso Wallace, desde su cargo como comisionado de Seguridad en la administración peñanietista, así como también habría ignorado una carta que le escribió Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, denunciando las torturas, en aquel tiempo. El vínculo “Miranda de Wallace-Renato Sales Heredia-Taissia Cruz Parcero” quizás no ha sido retomado con mucha fuerza por el gobierno actual y sus medios afines, ya que Sales Heredia hoy se desempeña en el gobierno de Layda Sansores, la polémica gobernadora que llegó a través del partido Morena. Pero evidentemente, aquellos medios fieles a los gobiernos anteriores tampoco harán demasiado ruido al respecto, ya que el caso Wallace refleja como pocos, el nivel de descomposición en que dejaron el poder judicial los gobiernos pasados y que, desgraciadamente, este gobierno tampoco ha hecho nada por sanar realmente y a fondo. En resumidas cuentas: El estado actual de las cosas en el caso Wallace parece convenir, por igual, a todos los partidos.
Y llegados a este punto, es inevitable preguntarse nuevamente: ¿Qué es lo que hace tan poderosa e invencible a la señora Wallace, en lo que a política y judicialidad se refiere? ¿Cómo ha podido extender sus redes más allá de los partidos que la crearon y cobijaron (el “PRIANRD-MC”, el llamado “Bloque conservador” según el presidente) y fortalecer su impunidad durante la cacareada “Cuarta Transformación”? ¿No tiene la sensación de que las pugnas partidistas son una mera farsa para entretener a las masas, pero en los hechos todos los políticos y empresarios de alto nivel, se toman de la mano y caminan juntos, apoyándose entre sí? ¿De qué sirve que el mandatario se cuelgue del caso Wallace, si en los hechos todo continua de forma muy similar al pasado? Quizás de forma más “blanda”, es cierto, pero los horrores continúan ahí.
Desde luego, esto no se trata de personalizar el asunto. Quien esto escribe no gana, ni pierde nada con lo que suceda con el caso Wallace. En todo caso, de ser ciertas todas las atrocidades que se cuentan de ella, Isabel Miranda de Wallace no es la única victimaria de nuestra historia reciente, ni mucho menos la única villana del sistema político y empresarial mexicanos. Sería, en todo caso, un monstruo, de muchos, que perviven en la galería de los horrores de quienes han mangoneado y destrozado nuestro país no solo desde hace décadas: desde hace siglos, quizás. Incrustados y enquistados en los poderes legislativo, federal, judicial; en la clase empresarial y en los principales medios de comunicación. Historias de abusos y terror sobran, tan solo con que nos asomemos un poco al proceder de personajes como Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Rubén Figueroa, Arturo “El Negro” Durazo, Miguel Nazar Haro, Edgar Veytia, Javier Duarte, Luis Cárdenas Palomino y quizás uno de los máximos perversos de nuestro país, Genaro García Luna, actualmente juzgado en Nueva York.
Te puede interesar | Caso Wallace: el ominoso proceso
Tampoco Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, son las únicas posibles víctimas de un sistema judicial inquisitorial, oscuro, sádico y cruel. No solo es Israel Vallarta (caso Cassez Vallarta) y su familia: Tras todos ellos, están decenas, centenas, sino es que miles de culpables fabricados mediante tortura y siembra de pruebas, no solo por la llamada “señora Wallace”, sino también por una innumerable cantidad de policías, ministerios públicos, jueces, directores de penales, custodios, caciques, hacendados, empresarios, alcaldes, gobernadores y otros más, que han usado nuestro sistema judicial a su antojo para venganzas personales, represión política, control social y fabricaciones de todo tipo.
La fabricación de culpables se da por una cantidad de motivos que usted tal vez ni se imagine, y faltan plumas, teclados, cámaras, micrófonos y manos para reportar esas historias: Comuneros que son apresados por no permitir el despojo de sus territorios, disidentes políticos, venganzas pasionales, fraudes judiciales, herencias.
El caso Wallace no es el único, ni el primero, pero si quizás uno de los más terribles. Por eso es importante poner el foco: Porque los culpables fabricados podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano sin poder ni influencias, como la mayoría de la población.
Y mientras las cárceles estén copeteadas de inocentes sin dinero y conocimientos para una correcta defensa, ni poder y contactos para enfrentar una maquinaria judicial que aplasta, como aplanadora, a todo aquel que se le atraviese, los verdaderos delincuentes (de bajo, medio o alto nivel) seguirán libres y manteniendo secuestrada la tranquilidad de quienes habitamos este país.
Es lamentable que un gobierno que prometió que no habría más personas “intocables”, siga permitiendo que la intocable señora Wallace y otros poderosos como ella, se mantengan con todo el poder, y que todos aquellos periodistas que escriben sobre estos temas, estén en alto riesgo. Mientras tanto, con la fabricación de culpables y otros crímenes de Estado y particulares, solo nos queda hacer lo que propuso la escritora Rosario Castellanos en su poema “Memorial de Tlatelolco” sobre la conocida represión estudiantil del 2 de octubre de 1968:
<< Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordamos
hasta que la justicia se siente entre nosotros>>
