El Instituto Nacional de Migración localizó, detuvo y aseguró a 72 personas migrantes en Piedras Negras, Coahuila porque no tenían documentos que avalaran su estancia legal en el país.

De acuerdo con los primeros reportes, 58 de los viajeros son de Cuba, 10 de Colombia, dos de Venezuela y dos más de República Dominicana.

La detención de 72 personas migrantes en Piedras Negras

Las detención de 72 personas migrantes en Piedras Negras se dio gracias a la localización de 11 camionetas en las que estaban siendo trasladadas. De todas las personas aseguradas, se identificaron a 20 adultos y menores de edad que integraban 7 núcleos familiares.

Además, el personal le Instituto Nacional de Migración puso a disposición de la Fiscalía General de la República a a 13 personas identificadas como conductores y 11 vehículos.

Por otro lado, las y los migrantes fueron trasladados a distintas sedes migratorias del estado para iniciar el proceso administrativo que corresponda, mismo que puede ser la deportación o el envío de los viajeros hacia el centro y sur de México.

Personas migrantes en Piedras Negras son deportadas

Autoridades municipales de Piedras Negras informaron en días recientes que, dada la creciente ola de personas originarias de Venezuela que están llegando a la frontera por el programa humanitario extendido por el gobierno de Estados Unidos, tendrán que regresar en autobuses a quienes no se les permita la entrada a territorio norteamericano.

Es, en ese sentido, que al día en Estados Unidos están regresando a 220 personas, de las cuales un buen porcentaje caen en la frontera coahuilense.

Para el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, la estrategia implica apoyar a las autoridades federales, ya que ellas son las responsables de implementar los operativos.

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Cabe destacar que el acuerdo que en pasados meses firmó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y su homólogo en Texas, Greg Abbot, sigue vigente y establece que, en territorio mexicano, la autoridad estatal deberá instalar retenes y medidas precautorias para disminuir el tránsito de personas.

Este acuerdo, además, es inconstitucional porque los acuerdos entre dos países sólo pueden ser mediados por dependencias federales.