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El verdadero camino a la justicia para los mineros

Epicentro | por Luis Alberto López | @luisalbertolo

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó uno de los compromisos que hizo desde hace muchos años: el rescate de los restos de los 63 mineros que murieron durante un derrumbe en la mina Pasta de Conchos hace casi 15 años.

El acuerdo es diferente a lo que ofrecieron sus antecesores y los gobiernos de Coahuila que le apostaron al olvido por más de una década, pero también cabría señalar que es una obligación que como representante del Estado tiene y que por momentos generó incertidumbre sobre su ejecución que pueden ser atribuibles a presiones empresariales del grupo propietario de la mina.

López Obrador dijo en campaña sus intenciones de retomar el caso y en sus primeros meses en funciones reafirmó sus dichos e incluso ordenó estudios que permitieran revisar la viabilidad del rescate de los cuerpos, sin embargo a inicios de este mes, hubo el temor de que diera marcha atrás.

Tras una reunión con algunas de las familias de los mineros comunicó en sus redes sociales que habría un consenso para determinar si era lo mejor recuperar los restos, además de una indemnización económica y un memorial en las cercanías de la mina como una forma de reparación del daño.

De inmediato otros grupos como la Organización Familia Pasta de Conchos cuestionaron poner en tela de juicio algo que se ha pedido durante años e incluso López Obrador prometió y usó como una de sus banderas para llegar al poder.

La molestia fue más que válida y la semana pasada en otra reunión se rectificó al respecto para colocar como primer término abrir la mina.

Muchos exfuncionarios y personalidades políticas han cuestionado el rescate de los cuerpos. Una de sus justificaciones es que dado las condiciones de la mina en Nueva Rosita, Coahuila, habría riesgo para los que realicen esa acción, pero no hablan de la esencia o motivación real de la exigencia que ignoraron por complicidad.

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¿Por qué abrir la mina? Hacerlo representa que se hagan públicas las condiciones en que laboraban los trabajadores durante años y para cerrar una herida colectiva es necesario que exista una verdad sobre el hecho.

Es el primer paso en el camino hacia un auténtico acto de justicia y no es una idea sin fundamentos. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que coincidió con la falta de actuación de parte del gobierno mexicano para castigar a los responsables de la explosión y que desde seis años antes del accidente fueron advertidos del riesgo.

Es por eso que optar nada más por la repartición de dinero abona a los actos de impunidad que no garantizan una no repetición de los hechos, pues es más que sabido que en la Región Carbonífera de Coahuila impera la corrupción en la minería desde hace décadas y que fue ampliamente documentado en el libro El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio.

La publicación editada por la Fundación Heinrich Böll expone que desde 1900 hasta el 2018 perdieron la vida 3 mil 103 mineros en explosiones y otros siniestros, pero nada más permanecen sin rescatar los restos de los trabajadores de las minas responsabilidad de Grupo México, propietaria de la Unidad Pasta de Conchos.

Si la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a buen término será un precedente histórico y servirá para creer que lo motivan auténticos ideales de un gobierno progresista. Lo contrario indicará que es una administración más que está sometida a los intereses empresariales de siempre.

*Reportero con más de una década de experiencia. Actualmente labora para Milenio Laguna donde cubre diferentes fuentes locales.

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