Por Antonio Rosales
Durante la tarde de este jueves 15 de julio, el semanario Proceso y el canal de televisión La Octava (propiedad de Grupo Radio Centro) dieron a conocer -a través del canal y de sus portales digitales- nuevas denuncias judiciales contra la empresaria de publicidad exterior, María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace.
De acuerdo a lo reportado por dichos medios, la Fiscalía General de la República habría iniciado ya una carpeta de investigación por delitos de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas por irregularidades cometidas en el caso del presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien de acuerdo a diferentes investigaciones periodísticas también responde a los nombres de Hugo Alberto León Miranda y Hugo Alberto Miranda Torres, con sendos documentos oficiales como actas de nacimiento y CURP.
La carpeta de investigación fue iniciada por la FGR tras una denuncia que promovió la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, presidido por Netzaí Sandoval Ballesteros, en representación de seis de los acusados, presuntamente víctimas de tortura y fabricación de pruebas: Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales.
La denuncia fue recibida por la Delegación Metropolitana de la FGR el pasado 6 de mayo y tras las primeras diligencias se le asignó el expediente FED/CDMX/SPE/2676/2021 para el inicio de la carpeta de investigación, la cual se encuentra en integración.
Entre las irregularidades y contradicciones señaladas en la denuncia judicial se encuentran algunas ya mencionadas en investigaciones periodísticas. De acuerdo al expediente, hubo ausencia de pruebas contundentes en el primer cateo de octubre de 2005; el posterior alquiler del departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos, por un empleado de Isabel Miranda (Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez) y la posible siembra de pruebas materiales para el segundo cateo, ocurrido en febrero de 2006.
La denuncia incluye la posible falsedad de declaraciones sobre la paternidad de Hugo Alberto, quien de acuerdo a la presidenta de Alto al secuestro, era o es hijo de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, segundo cónyuge de María Isabel Miranda. Sin embargo, a mediados de abril de 2019 el médico Carlos León Miranda salió a la luz pública, y reconoció ante autoridades y la periodista Guadalupe Lizárraga -del medio Los Angeles Press– ser el verdadero padre del hijo de la activista. Posteriormente, el 29 de abril del mismo año, en conferencia de prensa en el Senado de la República y en compañía de la periodista y de la senadora Nestora Salgado, confirmó sus declaraciones ante medios nacionales. El hecho es relevante ya que la paternidad sería crucial, para dictaminar o desechar como prueba, la gota de sangre que sostiene el caso.
Esta no sería la primera vez que la dueña de las empresas Showcase Publicidad y Showposter Publicidad enfrenta este tipo de acusaciones, mediática y judicialmente.
En 2014, las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga, a través de la revista Proceso y del portal Los Angeles Press respectivamente, publicaron investigaciones periodísticas hechas por separado, donde ya ponían en duda no solo el plagio y asesinato del hijo de Isabel Miranda, sino que señalaban la posibilidad de que el mismo continuara con vida. Lizárraga, desde Los Angeles Press, continuó publicando e indagando en el caso desde entonces y recopiló parte de sus investigaciones, en su libro El falso caso Wallace (2018).
En diciembre de 2018, acompañada por Jan-Albert Hootsen del Committe to Protect Journalists, y de dos miembros del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Segob, la directora de Los Angeles Press interpuso una denuncia contra Isabel Miranda de Wallace por, de acuerdo a Lizárraga, la posible falsedad del caso Wallace y amenazas e intentos de secuestro, por parte de Isabel Miranda.
De acuerdo a lo publicado por la periodista Guadalupe Lizárraga, el entonces procurador de la República, Alejandro Gertz Manero, dio la instrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace “con las normativas más estrictas de la institución, sin dejar ninguna fisura», por lo que se abrió el expediente número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018.
Sin embargo, de acuerdo a Los Angeles Press, una de las denuncias de la periodista fue desestimada. Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, determinando no ejercer acción penal contra Isabel Miranda.
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Respecto a la actual denuncia interpuesta por la Defensoría Pública, Isabel Miranda ha declarado a medios de comunicación como El Universal que, contrario a lo revelado por Proceso, no ha sido notificada de la denuncia y que la querella «es una forma de amedrentarla», por supuestamente, «denunciar que Netzaí Sandoval (titular del IFDP) está incurriendo en malas prácticas y presionando para liberar a Brenda Quevedo Cruz».
El caso Wallace inició el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México, con la desaparición y presuntos secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria Isabel Miranda de Wallace. Por el hecho fueron detenidos Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Antonio Malagón Uscanga, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin. Sin embargo en diferentes ocasiones e instancias, han señalado no solo irregularidades y siembra de pruebas, sino incluso la posible fabricación de todo el caso, así como posible tráfico de influencias por la parte acusadora, torturas, persecución y amenazas no solo para ellos, sino también para sus familias, abogados, activistas y periodistas que se han acercado al caso.
