El empresario Mauricio N es acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijas, quienes tendrían 3 y 4 años en 2019 y 2020, años de las agresiones. Mónica Peyro, la madre de las pequeñas, ha buscado justicia en las autoridades desde entonces, pero no la ha encontrado, presuntamente por la influencia del padre, quien ha logrado que la vinculen a proceso por violencia familiar.
¿Qué vas a leer?
El caso
En noviembre del 2019, Mónica Peyro ingresa una denuncia contra Mauricio Nz por el delito de sustracción de dos niñas menores de 3 y 4 años, hijas de Mónica y Mauricio.
De acuerdo a la información generada por el sitio web PoderJudicialVirtual.com, se asevera que, acorde a la causa penal 152/2019, Mauricio es declarado culpable por el delito de «retención y sustracción de niñas, niños y adolescentes o personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho» y el 2 de diciembre se gira orden de aprehensión en su contra, dictada por el juez.
En una entrevista, Mónica Peyro asegura que «si el delito de sustracción hubiera sido procesado correctamente, mis hijas no hubieran vivido la violencia sexual que padecieron durante ese tiempo, y la más chiquita no hubiera sido violada. Porque la sustracción es una causa de perdida de patria«.
En la cronología del caso, esta sería la primera vez que el trabajo de las autoridades se pone en tela de juicio, por lo siguiente.
Luego de la orden de aprehensión, Mauricio N apareció a una audiencia inicial, donde se le formuló la imputación del delito y aparentemente un juez especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes cancela la orden de aprehensión, «con motivo de comparecencia del imputado«.
Según una petición hecha en change.org, previo a la denuncia del delito de sustracción, los padres de Mauricio N, recibiendo apoyo de la directora estatal del DIF Durango, presentaron una queja por «omisión de cuidados» contra Mónica Peyro.
Estas acusaciones luego fueron demostradas como falsas e incluso se asegura que así fue asentado en el Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial por el juez Luis Mario Hernández Vargas.
No obstante ,a pesar de ello, Hernández Vargas otorgó la custodia al padre de las niñas. Cabe destacar que Luis Mario Hernández Vargas también es integrante del Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Durango.
Así fue como a principios de diciembre de 2019, Mauricio N no sólo evitó que se ejercieran los cargos en su contra por un delito comprobado, si no que consiguió la custodia provisional de sus dos niñas.
Se asegura que las influencias tanto de Mauricio N, como de su padre, el abuelo de las niñas, tuvieron mucho que ver en la decisión del juez y de las subsecuentes faltas de justicia que dejaron que presuntos delitos fueran cometidos contra dos niñas duranguenses.
Quiénes son los Mauricio N
Mauricio N (hijo) es un contador público y empresario del estado de Durango, la empresa más vieja a la que pertenece fue fundada en 2008, según el Registro Público de Comercio, y se llama «FAMAGOR Servicios Industriales y Comerciales S. A. de C. V.«; un negocio familiar donde, además de él están otros familiares y su padre, también llamado Mauricio. FAMAGOR se dedica a la explotación y uso de agua del subsuelo y la purificación, venta y distribución del agua extraída.
Su segunda sociedad de capital variable, que también comparte con su padre, lleva el nombre de «Impulsora Regional de Proyectos S. A. de C. V.», fundada en 2012. Esta se dedica a la «planeación, programación, presupuestación, estudio, ejecución, construcción y supervisión de todo tipo de obras de ingeniería civil, mecánica y eléctrica«, según se lee en la plataforma de la Secretaría de Economía.
Además, Mauricio N aparece en una lista titulada «Consejo político estatal Durango certificado al 15 de noviembre de 2017«, subida en la página web del PRI Durango, por lo que podría considerarse adepto del partido, aunque actualmente no figura como afiliado, según la base de datos del PRI nacional.
Por su perfil de LinkedIn sabemos que el acusado de violación también ha participado en organizaciones como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Durango, donde fue secretario y vicepresidente; además, se enlista como parte del consejo estatal de INFONAVIT y como consejero regional del Consejo para el Desarrollo de Durango (CODEDUR).
Por su parte, el padre de Mauricio posee las dos empresas mencionadas y la empresa «Inmobiliaria GORFER S. A. de C. V.«, donde es uno de los 5 socios activos, todos familiares; asimismo, el padre de Mauricio N es socio de la sociedad «Materiales y corrugados la glorieta S. A. de C. V.«
Registros de transparencia del gobierno de Durango muestran que la mayoría de las empresas mencionadas, excepto por Impulsora Regional de Proyectos de la cual esta editorial no encontró evidencia, fueron proveedores de alguna dependencia de gobierno. Sobre todo entre los años 2008 y 2016 que gobernó el gobierno priista de Jorge Herrera Caldera (en su mayoría).
Por poner un ejemplo, en 2012, la empresa Materiales y corrugados la glorieta recibió poco menos de 12 millones de pesos en contratos con la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Durango.
El abuelo de las niñas ha sido miembro, igual que su hijo, de las cámaras empresariales locales y fue tesorero de la Cruz Roja en la delegación de Durango. También fue presidente y hoy es vocal del patronato de la fundación Raymond Bell, una Institución de Asistencia Privada que se dedica a dar atención y rehabilitación a niños de escasos recursos «con preferencia del estado de Durango sin distinción de nacionalidad, raza o religión«.
Autoridades contra la infancia
«Se demostró que el tiempo que decían que yo abandoné a mis hijas estaban bajo mi cuidado, se demostró con un peritaje psicológico en fiscalía que la locura, que decían yo padecía, era falsa. Que sí era apta para el rol de madre. Y a pesar de esto se declara culpable (a Mauricio), él solicita una suspensión, se le concede la suspensión y empieza este proceso de recuperación«, declaración de Mónica Peyro sobre lo que se dijo de ella para quitarle la custodia.
A pesar de que ello, por medio de un convenio de divorcio realizado en diciembre del 2019, se decidió la custodia compartida, 4 días la madre y 4 días el padre. Fue durante este arreglo que Mónica Peyro notó conductas anormales en sus pequeñas.
«Me empiezo a percatar de comportamientos, referencias que hacen mis niñas de carácter sexual, y en una ocasión donde una de ellas llega lastimadita y yo le pregunto qué es lo que está pasando y una de ellas me dice que si papá le daba una esponja dura por las noches para que se tallara y por eso estaba lastimada.
«Acudo con mis abogados y se decide poner la denuncia por abuso sexual infantil contra quien resulte responsable», relata Mónica Peyro.
Para llevar a cabo esta nueva diligencia judicial, la pequeña violentada fue revisada por una profesional de la salud mental, se refirió a una psicóloga adscrita al ministerio público, pero Mónica Peyro asegura que luego del análisis inicial se declaró «no apta» para la valoración; no sin antes haber diagnosticado un supuesto «hallazgo de connotación sexual«.
Después de eso, le sugieren a la madre llevar a su hija con los y las psicólogas del DIF estatal.
«En esa instancia me sugieren que me reconcilie con él. Me preguntan de qué me sirve a mí saber si mis hijas son víctimas de esta violencia y me percato de que sí son capaces de meter las manos al fuego por esta persona, por esta familia (de Mauricio).
«Si esa denuncia también se hubiera procesado conforme a derecho, mi niña más chiquita no hubiera sido violada».
Cuenta Mónica Peyro que luego de esa denuncia no escuchada, el padre de las niñas decide llevárselas de vacaciones por 3 semanas y las pequeñas regresan manifestando aún más quejas de índole sexual.
Dificultosamente, las autoridades acceden a que un médico legista revise a la hija de Mónica y se le informa que fue violada.
Un aparato de justicia corrupto en Durango
«Estaba en un proceso de negación. En donde yo decía: no, él no es. Alomejor sí está pasando, pero él no es. Es el papá de mis hijas. Él no es».
Para Mónica, Mauricio decide hacerse del delito cuando se aleja de las niñas y deja de ir por ellas en su turno de custodia.
Tiempo después del abandono. El seguimiento psicológico que llevan las pequeñas termina por señalar al padre como el presunto perpetrador del delito.
Es entonces cuando toda la evidencia científica se pone del lado de Mónica Peyro y de sus hijas, pero la autoridad decide respaldar al presunto culpable de violación, a Mauricio N.
«En la audiencia de control, sus abogados dicen: no es que él las tocaba porque su mamá le sugirió. Y que el juez de control resuelva en ese sentido ‘Ay, no es que eso que molestaba a las niñas, eso que refieren las niñas realmente fue un acto de cuidado’, sólo porque los abogados lo están diciendo, existiendo un señalamiento, una mención, diversas evaluaciones psicológicas en donde hay hallazgos de connotación sexual, el hallazgo médico legista y que concluya eso… es una aberración. Para mí es evidente el tráfico de evidencias«.
Posteriormente, Mónica asegura que, dadas las circunstancias, buscó reunirse con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para seguir buscando justicia. No obstante, su decepción siguió creciendo.
Rosas Aispuro concedió una audiencia con Mónica Peyro y, además, en esa reunión también estuvo la ex fiscal, Ruth Medina Alemán.
Medina Alemán renunció el 14 de marzo del 2022 e, igual que el caso de Mónica, deja en su haber otro caso de violación coartado por presuntas influencias políticas. Se trata de Ivanna Soto, de 16 años, quien denunció públicamente haber sido violada en mayo del 2021 por dos sujetos, uno de ellos hijo de un exdiputado panista.
En este video, Mónica Peyro advierte a padres de Ivanna Soto sobre el aparato judicial en Durango.
En aquella reunión con Ruth y José Rosas, Mónica Peyro se enteró de un suceso del cual no tenía la certeza. Era un detalle que le habían comentado sus hijas sobre un viaje a Mazatlán los días en que Mauricio sustrajo ilegalmente a las niñas.
Relata Mónica que, en la conversación, la ex fiscal le comentó al gobernador sobre este viaje, aún cuando la madre no había hecho ningún comentario sobre ello, puesto que no estaba segura.
Y es así como descubrió que, si la fiscal ya sabía eso, entonces a propósito no hicieron nada ante el delito de sustracción y tampoco consideraron su agravante por haber sacado a las víctimas del estado para llevarlas a Sinaloa.
Mónica Peyro fue vinculada a proceso por delito de violencia familiar
El pasado 1ero de mayo, se ha hecho saber que la madre de dos hijas violentadas sexualmente por su padre fue imputada con el delito de violencia familiar y fue vinculada a proceso, al igual que su papá y hermano.
Se alega que, por haber difundido toda la información de su caso por redes sociales y otras vías, Mónica y sus familiares «vulneraron los derechos de su exesposo y de sus hijas» y por ello se les imputa «probable responsabilidad de violencia familiar«.
Por esta imputación judicial, Mónica Peyro decidió dar de baja Twitter y todo contenido donde informaba sobre su caso en redes sociales. A ella, a su hermano y a su papá, quienes le han ayudado a difundir en este proceso, un juez les ha ordenado que no tengan más comunicación con los medios. Por eso esta nota está construida con toda la información que se pudo conseguir sin su participación.
De acuerdo a una plática que tuvo con el medio Animal Político, antes de esta vinculación, Peyro aseveró que «esto es una represalia por haber hecho público el caso de agresión sexual contra las niñas y por señalar, incluso ante diputados en el congreso local de Durango, donde viven, que las autoridades han actuado para favorecer al presunto agresor por ser un destacado empresario del estado, y por los nexos políticos del padre de este«.
Para este mismo medio de comunicación, el abogado de Mónica, Álvaro León, aseguró que por las irregularidades que presencio, este tenía pinta de ser un caso de tráfico de influencias.
Aparentemente, el delito de violencia familiar se presenta cuando hay omisión intencional o delitos de poder y comentó que la información difundida en redes sociales no da para imputar un delito de violencia familiar, ya que no hay ningún abuso de poder.
Además, dijo que ni siquiera hubo un dictamen pericial que comprobara que las cuentas pertenecían a Mónica Peyro y a su hermano. Sólo con las fotografías de perfil se dieron por servidos.
El siguiente paso en esta batalla es apelar contra esta vinculación de proceso y, de no lograrlo, recurrir a un amparo.
Mientras tanto, el delito de violencia sexual contra dos menores de edad abusadas hace dos años permanece en el congelador y la justicia se da el lujo de ser selectiva para el beneficio de personajes aparentemente beneficiados por su influencia económica y política.
