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La crisis de agua en Nuevo León es el inicio de un problema grave en México

Por Andrea Menchaca

Desde hace meses la población de Nuevo León, México, tiene una crisis de agua. El abasto se hace a deshoras y escalonado, la gente hace filas en la madrugada frente algunas tomas y hay imágenes de personas peleando a puño limpio para llenar primero recipientes de plástico.

Dos de las tres presas, La Boca y Cerro Prieto, que abastecen de agua a la ciudad de Monterrey, capital del estado y una de las tres ciudades más pobladas del país, están en los niveles mínimos debido a la falta de lluvias. Esto tiene a sus habitantes sin agua potable incluso por días continuos o semanas, cuando este es un derecho humano fundamental.

Sí, es verdad que lo que está pasando en el estado tiene una explicación relacionada al cambio climático y la propensión de la región a sufrir sequías. También es cierto el importante crecimiento de la población, que pasó de 2.7 millones de personas en 1990, a más del doble: 5.3 millones en 2020, y el desarrollo urbano desordenado de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), como lo expuso el gobierno federal.

Pero también hay una responsabilidad política. Llegamos a este punto porque distintas administraciones de gobierno no previnieron y no actuaron con diligencia: no hubo un plan frente a sequías ni ante inundaciones, no se diversificaron las fuentes de agua, no se usó agua tratada, no se dio mantenimiento a las fuentes de abastecimiento, no se redujeron las fugas, ni se construyó infraestructura, tampoco se investigó la disponibilidad de agua subterránea, o se fortaleció la cultura del agua. Las omisiones no solo se han dado a nivel estatal sino también federal, como es el caso de las problemáticas con las concesiones de agua, que se regulan poco. Ahora, le guste o no, el gobierno en turno es el que tiene la responsabilidad de resolver esta crisis.

La crisis que sufre Nuevo León es una muestra del riesgo que corren otras regiones del país cuando no se toman medidas para garantizar la seguridad hídrica en el mediano y largo plazo. Entendiendo la seguridad hídrica como la capacidad de una población de proteger su acceso al agua para sostener de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico.

Hace tres años se publicó “Los explotadores del agua”, un trabajo periodístico que expone cómo un recurso de la nación es acaparado por intereses privados que lo apropian, venden y manejan a su antojo, mientras el Estado no pone ninguna traba. Las problemáticas que ahí se presentan están vigentes.

En Nuevo León, por ejemplo, de los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial, apenas 78 contaban con medición automatizada. Es decir, sabemos cuánta agua es concesionada, pero no se tiene un control de cuánta agua realmente utilizan las personas usuarias.

Ante la crisis del agua, el mes pasado el gobernador Samuel García hizo un recorrido por distintos municipios a las afueras de la ZMM, señalando ranchos que desviaban y robaban agua. En su cuenta de Instagram compartió, indignado, cómo se apropian del agua en una represa del Municipio de Hualahuises: “Ahora resulta que un privado tiene candado sobre el agua”. Esto había sido expuesto tres años antes en el reportaje que realicé.

También hace tres años, se publicó el Plan Hídrico Nuevo León 2050 por el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), después de que un par de años antes se canceló el proyecto Monterrey VI, que pretendía traer agua de la cuenca del Río Pánuco mediante un acueducto, pero se suspendió porque resultó ser polémico por temas de corrupción y endeudamiento.

Este detallado estudio proponía una planeación en el crecimiento de la infraestructura del sistema de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, una gestión de riesgos por inundaciones y un plan de inversión, que buscaba emigrar de una visión basada en el incremento de la oferta, a un modelo que incluya la disminución del consumo y uso más eficiente del agua. Lo allí propuesto parece haber quedado guardado en el cajón, hasta ahora que el gobierno estatal tiene que garantizar un plan para salir de esta crisis.

Las problemáticas no son un hallazgo que surgió una vez que el agua faltó, a lo largo de los años se han apuntado los abusos y la falta de acción de los gobiernos. A nadie debería tomarnos por sorpresa ninguna de estas prácticas en el país.

Los estudios y las revelaciones de una mala gestión del agua no son exclusivos de Nuevo León, se replican con distintas dinámicas en varios puntos del país, tanto a nivel federal como estatal, junto con las denuncias y advertencias de quienes padecen o estudian el fenómeno.

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Por lo pronto en Nuevo León esperan que los pozos someros y profundos que están sumando a la operación resuelvan el abasto de agua en el corto y mediano plazo, ante la falta de agua en las presas. Mientras esperan que llegue la lluvia, ahora sí buscan que se construya la infraestructura que había dejado pendiente, el segundo acueducto para la presa El Cuchillo, que se amplíe la capacidad de tratamiento de aguas residuales, se termine la Presa Libertad, y tantas otras medidas pendientes para asegurar agua en el largo plazo.

Ojalá que lo que está pasando en Nuevo León sirva para mover a otros gobiernos estatales y al gobierno federal a actuar y no esperar a que en México nos “llegue el agua al cuello”.

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