La opacidad que maneja el estado de Coahuila en materia de adquisiciones y compras para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 quedó expuesta en nuestra última investigación.
El reportaje «Piloto vinculado a esquema de desvío de recursos construye hospital en Coahuila» nos hace entender que, con el pretexto de la emergencia, las autoridades optaron por brincarse todos los protocolos y las reglas para contratar a empresas que, de acuerdo con los documentos a los que tuvimos acceso, no deberían trabajar en el estado.
Sobre la opacidad, le preguntamos al gobernador, Miguel Riquelme, por qué las unidades de transparencia no facilitan los contratos que amparan las compras para atender la emergencia sanitaria, sin embargo, el mandatario estatal dijo que era falso, que toda la información está en el portal de salud y que son de las entidades mejor evaluadas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La historia de la contratación de Luis Alfredo Rayet Díaz para construir el Hospital Móvil de Monclova es un ejemplo que remarca cómo, dentro de los gobiernos estatales, hay personajes que trascienden más allá de los sexenios, hacen negocio con cada una de las administraciones y todo sucede bajo el amparo de las instituciones que deberían fiscalizar el manejo del dinero público.
En Coahuila el legado de los hermanos Rubén y Humberto Moreira continúa a través de este tipo de prácticas que manchan y recuerdan que, de algún modo, se logró extraer de las arcas, injustificadamente, más de 18 mil millones de pesos que nadie sabe en qué se gastaron y que construyeron una deuda pública que actualmente supera los 41 mil millones de pesos.
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El gobernador Miguel Riquelme, desde el inicio de su gestión, quiso desmarcarse del legado moreirista, sin embargo, con el paso del tiempo y con la contratación de Rayet Díaz, simplemente afianzó la relación que, de alguna manera, también lo encumbró para encabezar al poder ejecutivo estatal.
Ante el hallazgo de la situación del hospital móvil de Monclova, ¿qué sigue? Deberíamos pensar que habrá alguien en el Congreso local que se pronuncie o que el Sistema Anticorrupción va a tomar parte o que la Auditoría Superior lo va a incluir en su próxima entrega o que el propio gobernador va a desconocer el procedimiento irregular de contratación de la empresa de Rayet. Sí, deberíamos pensar muchas cosas, pero la realidad es que, seguramente, no pasará absolutamente nada.
