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Presentan iniciativa feminista para mejorar el acceso a órdenes de protección

22 organizaciones de México presentaron hoy por la mañana una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde febrero del 2007, para mejorar la accesibilidad de las órdenes de protección que deberían evitar la violencia contra mujeres y niñas mexicanas.

La reforma fue construida de manera colaborativa desde la visión de diferentes mujeres que han trabajado en ejercicios de justicia para personas violentadas.

«A través de mesas de trabajo con poderes judiciales, se construyeron, consensuaron y acordaron criterios para dictar órdenes de protección basados en las expectativas de justicia de las mujeres«.

En síntesis, la iniciativa que se puede encontrar en este link, pretende cubrir seis puntos vertebrales: primero, exponer que las órdenes de protección deben ser reguladas y aplicadas bajo un enfoque interseccional, es decir, debe cubrir a todos los grupos sociales vulnerables, teniendo en cuenta las discriminaciones históricas de cada uno.

Segundo, las órdenes de protección deben ser vistas como lo que son, un derecho humano; por lo que no debería necesitar una denuncia o querella o la presentación de una demanda para ser recibidas.

Tres: hay que incorporar el término «posible» riesgo para recibir una orden de protección. Esto es, mientras exista un indicio de peligro, se debe tener acceso a las órdenes de protección.

Luego, hay que agregar la figura de «órdenes de protección definitivas», cuando la protección necesite un periodo más prolongado, determinado por el riesgo constante de la víctima y la longevidad del peligro.

En un quinto punto se propone reconocer que las órdenes de protección puedan complementarse con otros elementos de cuidado como la protección judicial, en materia penal, civil, administrativa o familiar.

Y, por último, se debe favorecer la accesibilidad de las órdenes de protección; esto es, que instancias municipales o autoridades locales puedan ser capaces de emitir una orden, por estar más cercanos a los hechos y a las víctimas que necesiten la protección.

Además, se propone que haya cuatro directrices por las cuales las autoridades deban dar las órdenes de protección: 1. características, frecuencia y magnitud de la violencia; 2. las necesidades específicas de cada mujer y niña que derivan de su situación particular; 3. los factores sociales que pudieran incrementar su vulnerabilidad; y 4. las características del generador de la violencia que podrían aumentar el peligro que este represente.

La reforma se considera necesaria, justificada bajo el informe de la misma organización (Des) Protección Judicial, en el cual se señaló que durante la pandemia el 78% de los poderes judiciales no contemplaron órdenes de protección en materia penal.

Además, el 81% de los poderes judiciales reprobaron contemplar mecanismos para proteger a las mujeres en situación de violencia, entre estos, la orden de protección.

Abonando a ello, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres comprobó que de 100 casos de violencia contra mujeres sólo se dictan 13 órdenes de protección.

Cabe resaltar que la última reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue recientemente, el 18 de marzo del 2021.

La presentación puede verla acá:

Consulta mucha más información en equis.org.mx

Imagen en portada: Facebook Equis: Justicia para las Mujeres.

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