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Opinión | Gustavo García

Hace unos días se dio a conocer que la Comisión de Selección respectiva designó a una nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Coahuila.

Esta vez, de acuerdo a la normativa, se eligió a una mujer. La designación generó inconformidad entre algunas de las candidatas participantes, quienes cuestionaron el proceso mismo y el resultado.

Independientemente de la polémica, que se circunscribe a un círculo muy cerrado, la ciudadanía en general no tiene claro qué es el SEA, ni qué es el CPC, ni para qué sirven.

En una revisión general de los Objetivos y Líneas de Acción del Programa de Trabajo de ese organismo ciudadano, cuyos miembros igual reciben un pago con dinero público, destacan lo siguiente (al menos así lo enunciaban en su página de Internet, en el año 2020):

– “Mantener una vinculación permanente con la sociedad civil, mediante mecanismos efectivos de comunicación fomentando siempre la colaboración y participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción.”

– “Proponer que la Fiscalía Especializada a través de la Plataforma de Información presente avances del estado en que se encuentran los expedientes o denuncias que están en proceso de investigación…”

Pues bien, considerando lo anterior, derechohabientes de instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación pública de Coahuila, en febrero de 2020 hicimos una solicitud al CPC para que, en su carácter oficial de órgano ciudadano del SEA, coadyuvara con el requerimiento que a la vez habíamos hecho a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, para que diera información del avance en las investigaciones relativas a las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) desde los años 2015, 2016 y 2018, según las cuales se habría ocasionado un daño por más de mil trescientos millones de pesos a aquellas instituciones.

Es fecha que el CPC no ha presentado ninguna evidencia documentada sobre la presunta gestión que hubieran realizado ante la Fiscalía en apoyo a esa solicitud.

Ocasionalmente ha habido comentarios informales, extra oficiales y en forma personal, de alguno de sus integrantes, respecto a que la autoridad no les ha proporcionado información, pero oficialmente no se ha presentado copia de algún oficio girado por el CPC a la Fiscalía. Tampoco se ha remitido copia de la presunta negativa de la Fiscalía Anticorrupción.

Desde luego, no es novedad que la autoridad se muestre renuente a informar. Eso ya lo sabemos. Esa negativa la manifestaron hace más de dos años el Gobernador, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción; lo preocupante es que el CPC, que se supone es la instancia de apoyo a la ciudadanía, desatienda sus objetivos y sea, en apariencia, complaciente con la negativa de la autoridad.

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Así las cosas, es pertinente preguntar, ¿entonces para qué sirve realmente a la sociedad una instancia de supuesto enlace ciudadano que no puede ni realizar una gestión de apoyo a la ciudadanía y que no  exige información a la autoridad?

El CPC y la Secretaría Técnica del SEA han costado a los coahuilenses muchos millones de pesos desde su creación, en honorarios y gastos de administración. ¿Vale la pena?

¿Hay resultados concretos en el tema Anticorrupción? Los desconocemos. Si los hay, sería interesante que el CPC, bajo el principio de máxima publicidad, informara en ese sentido a la sociedad. En caso contrario, como dijera hace años Alejandro Martí a funcionarios federales, “si no pueden, renuncien.”

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