La parte final de la primer década de este milenio fue dura y violenta para el pueblo coahuilense: tramas de corrupción, desapariciones, asesinatos, levantones, balaceras. La entidad y particularmente algunas regiones de ella era un campo de guerra. Un enorme deshuesadero.
En ese momento, todas y todos sufrimos y vivimos el pánico. Nuestros sentidos estaban alertas. Por las noches las calles eran lienzos de silencio.
Así, se fue conformando una estadística nada grata que encumbró a Coahuila, y así se mantiene, como la quinta entidad a nivel nacional con el índice más alto de personas extraviadas y desaparecidas.
Es así que nacieron colectivos y organizaciones para apoyar a las y los familiares de las victimas. Las buscadoras, empíricamente, se volvieron expertas en temas forenses. Realizaban y realizan recorridos en lugares recónditos del estado para localizar centros de exterminio; zonas en donde yacen huesos, dientes y fragmentos de lo que alguna vez fue un cuerpo con vida.
Todo el fenómeno de desaparición forzada y violaciones graves a derechos humanos generaron mucha indignación pero, con el paso del tiempo, la memoria se fue diluyendo.
Al gobierno lo podemos responsabilizar de todo, o de prácticamente de todo. Su indolencia, pasividad, indiferencia y, en ocasiones, hasta complicidad y responsabilidad, abonaron a la fractura del bienestar de la sociedad, sin embargo, a nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de a pie, no nos movió la solidaridad y la empatía por las personas que aún lloran la ausencia de un ser querido.
Recientemente un reportaje publicado por la periodista Esmeralda Sánchez documentó que, en Coahuila, se han gastado más de 250 millones de pesos para la atención y búsqueda de las y los desaparecidos, sin embargo, de 2017 a la fecha sólo se han identificado 13 cuerpos.
En la entidad son más de 2 mil personas cuyo paradero es desconocido, sus familiares no saben si están muertas, secuestradas o vivas. En algunos casos, lo único que buscan es justicia y la paz que regala el hecho de saber que ya están muertas. En México y en Coahuila, ni a eso se tiene derecho.
Esta editorial es un mensaje para honrar a quienes día a día caminan y lidian con la incompetencia de las autoridades para hacer justicia, para encontrar respuestas donde antes había un nombre, una historia de vida, una sonrisa.
Por otra lado, es un recordatorio para toda la sociedad coahuilense. Es un llamado a la empatía, al reconocimiento y a la acción. La memoria corta es, quizás, uno de los peores defectos de una comunidad que por años fue pisoteada.
Pueblo coahuilense, pueblo lagunero, lo ideal es no olvidar para, en dado caso, obligar a la no repetición y a que respeten nuestros derechos humanos. Por eso y por la justicia, se debería luchar siempre.
