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En Torreón la policía y vialidad no te cuidan

Editorial | @RedesPoder

En Torreón la policía municipal y los tránsitos no te cuidan. Esta es una frase que ha circulado en redes sociales desde hace varios años. El nivel de desconfianza de la ciudadanía hacia los elementos que procuran el orden y la seguridad es paupérrimo.

El pasado 9 de octubre, el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, fue detenido en presunto estado de ebriedad en las calles de Torreón, Coahuila. De acuerdo con el jurista, la detención estuvo llena de irregularidades; no lo certificó un médico legista, le cobraron 6 mil 500 pesos para salir de la cárcel municipal, jamás le ofreció ayuda un representante de derechos humanos, no le dieron recibo y la policía argumentó que lo detuvieron por cambiarse de carril intempestivamente, situación que, de acuerdo con Laynez, jamás se lo informaron.

¿A qué suena este resumen? A historias que escuchamos a diario; a personas que como ustedes o nosotros, hemos sido detenidos, sin motivo aparente, para revisar si tenemos bebidas alcohólicas, o si estamos manejando en estado de ebriedad.

En Torreón no hay protocolos ni se respetan los derechos humanos de la ciudadanía. La detención, en cualquier punto de la ciudad, debe estar motivada por una infracción. Los operativos anti-alcohol, deben instalarse en cualquier parte del municipio y tienen que respetar absolutamente todos los protocolos necesarios. La cacería de las patrullas con torretas apagadas en la zona centro y en otras partes de Torreón es sólo una muestra de que las autoridades municipales, más que prevenir accidentes, están buscando sancionar a la ciudadanía para recaudar fondos.

Si el ministro fue impreciso con su testimonio, o si verdaderamente iba manejando en estado de ebriedad, ¿por qué las autoridades no hicieron público el resultado de la prueba de alcoholemia? ¿Por qué no quisieron contradecir a Laynez Potisek?

Para estas preguntas hay pocas respuestas; o la Dirección de Tránsito y Vialidad no quiso arriesgarse a vulnerar aún más el derecho a la privacidad del ministro o simple y sencillamente, jamás lo certificaron y no respetaron los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

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Entre una y otra opción, definitivamente el capital político que le restaba a Jorge Zermeño Infante, se le acabó con la línea agresiva, ambiciosa y hambrienta por parte de su dirección de tránsito y vialidad, que, posiblemente, fue su talón de aquiles durante los cuatro años de gobierno.

Ahora, a partir de enero, la administración entrante, encabezada por el priísta Román Alberto Cepeda, tendrá la oportunidad de modificar estas malas prácticas que atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía, o continuar recaudando casi 70 millones de pesos al año en multas viales sin importar que, para lograr tal objetivo, es necesario pisotear y sancionar, a diestra y siniestra, a quienes brindan la oportunidad de gobernar en cada elección.

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