El día de hoy personas de la sociedad civil se manifestaron en la Ciudad de México con el objetivo de señalar un desconocimiento en un dictamen aprobado por la Comisión de Igualdad de Género y Justicia de la Cámara de Diputados federal, mediante el cual reducen la violencia digital contra mujeres a sólo un tipo de violencia: la violación a la privacidad.
De acuerdo a la organización Artículo 19, quienes se manifestaron fueron feministas representantes de la sociedad civil, la academia, abogadas y defensoras de derechos humanos de las mujeres.
El grupo se unió para reconocer la problemática y la necesidad de atención a mujeres víctimas de violencia digital, resaltando la inacción que existiría en contra de diversos actos violentos si el dictamen ya aprobado por la Comisión de Igualdad de Género alcanzara a formarse dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entre las observaciones, según expone A19, existe el hecho de que la violencia digital contenida en el dictamen aprobado «no corresponde con las múltiples manifestaciones de este fenómeno, por lo que es erróneo nombrarla como tal«.
La violencia digital, según la organización de la ONU Mujeres, se debe entender como la «violencia que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad y la integridad e impide el empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión y la información, la protección de datos personales y el acceso a la justicia«.
Es por ello que, ante este fenómeno multidimensional, enfrentar la violencia digital desde el ángulo que lo ve la comisión presidida por las diputadas María Wendy Briceño Zuloaga (MORENA) y María del Pila Ortega Martínez (PAN), podría estar cayendo en una reducción del problema.
Briceño Zouloaga diría ante la Cámara de Diputados que las reformas planteadas «establecen las bases para garantizar la protección de la vida privada de las personas, particularmente de las mujeres, además de considerar sanciones justas a quienes violenten estos derechos a través de las plataformas digitales.
«Esto se puede dar mediante la divulgación, compartiendo, distribuyendo, compilando, comercializando o publicando imágenes, audios o videos con contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital«, según se lee en la página de comunicación de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la sociedad civil que se manifiesta el día de hoy contra el dictamen, asegura que se están haciendo a un lado elementos importantes de la violencia digital, por lo que se equivocan al llamarle así en su propuesta de reformas.
Consideran que la violencia digital incluye, por lo menos: hackeo, suplantación, vigilancia, acoso, hostigamiento, reclutamiento, doxing (revelar información personal de las personas), la difusión de discursos de odio sexista, entre otras.
Así, pues, el dictamen contempla sólo un tipo de violencia digital.
Además, aseguran: «El dictamen no contempla justicia ni reparación a las mujeres que no deseen acudir a la vía penal; una labor que se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, académicas, abogadas, defensoras, y no desde las instituciones.
«El poder legislativo debe entender que la perpetración de la violencia digital no se reducirá con el simple hecho de crear tipos penales sancionados con encarcelamiento. La solución demanda implementar acciones de prevención y educación como dimensiones para la eliminación integral del problema«, explica Article 19.
Más información en Artículo 19.
Foto de portada de Artículo 19.
