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A 4 años del violento desalojo magisterial en el Congreso de Coahuila, la impunidad continúa

EL 26 de septiembre de 2018, la extinta Fuerza Coahuila ejecutó un violento desalojo en contra de una manifestación pacífica encabezada por maestros pensionados.

Como se ha documentado en innumerables columnas y notas periodísticas, el fondo de pensiones de los docentes, así como su servicio médico, está quebrado y con adeudos millonarios por parte del gobierno del estado de Coahuila e instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

4 años del violento desalojo

«Nos sacaron a empujones y a mí en lo personal me agarraron, me forzaron,  me torcieron los brazos y el cuello. No hay ninguna persona detenida, simplemente nos expulsaron, nos desalojaron», comentó hace cuatro años Gustavo García, uno de los líderes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.

El plantón magisterial llevaba meses en la sede del Palacio de Gobierno. La mayoría de los manifestantes eran maestros pensionados que ya no tienen acceso a un servicio médico digno. Durante toda su trayectoria, las autoridades les hicieron las retenciones salariales correspondientes para poder garantizar sus derechos, sin embargo, éstos fueron deteriorándose desde la administración de Rubén Moreira.

En aquel plantón, los maestros estaban haciendo la guardia nocturna. A lo sumo eran 15 personas, todas mayores de 60 años.

«Aquí está surgiendo la verdadera cara del gobierno que, incapaz de dialogar, incapaz de generar respuestas y soluciones a los problemas sociales, recurre al uso de la fuerza», comentó Gustavo García hace 4 años.

A 4 años del violento desalojo, los adeudos continúan

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación de Coahuila registró un adeudo, a diciembre de 2018, de $3 mil 069 millones 482 mil 001 pesos de diversas instituciones de educación de la entidad. Esto, como consecuencia, generó un descuido en el servicio médico de los maestros pensionados y puso en riesgo su seguridad social.

De acuerdo a la misma DIPETRE, el Gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, es el mayor deudor, ya que dejó de pagar $2 mil 189 millones 467 mil 865 pesos durante el primer año de gestión del mandatario estatal.

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Además, entidades como el Instituto Tecnológico de Saltillo, con una deuda de $414 millones 261 mil 023 pesos; el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, con $6 millones 759 mil 556 pesos; Dipetre, con $7 millones 732 mil 031 pesos; Seguro del Maestro, con 29 millones 672 mil 481 peso; Fondo de la Vivienda, con $1, 610 mil 909 pesos; Universidad Autónoma de Coahuila,  con $404 millones 075 mil 441 pesos y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con una deuda de $15 millones 902 mil 695 pesos, son las que complementan el adeudo que tiene, hasta el momento, situada a la Dipetre en una severa crisis financiera.

Todos estos datos, fueron expuestos por la propia Coalición en marzo de 2019 y, hasta la fecha, éstos no han sido aclarados por las autoridades estatales.

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