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A 6 años de su creación, Sistema para Víctimas no está operando

Información Vía Animal Político 

Concebido hace seis años para materializar una política de Estado que sacaría de la de situaciones de indefensa a miles de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, atendiendo el reclamo de colectivos como el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia, hoy existe en el papel el El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), pero no opera en la realidad.

El sistema no se reúne ni se coordina y está conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno. Aunque por ley el pleno del SNAV debería acumular al momento doce sesiones ordinarias a nivel nacional (dos al año), por lo menos, en los hechos solo se ha reunido una vez y fue en 2014. El reglamento del Sistema y de la Ley de víctimas tampoco existe.

A nivel local los elementos básicos para que el SNAV pueda funcionar – entre los que se encuentra contar con una comisión estatal, un fondo, un registro y una ley actualizada – solo se han completado en 5 de los 32 estados del país.

A la falta de coordinación, se suma el desinterés por reparar el daño de las instituciones responsables de violar derechos humanos.

La responsabilidad de responder, apoyar y reparar a las víctimas, señalan expertos y autoridades, se ha depositado exclusivamente en una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuya intervención debería ser solo subsidiaria y complementaria. Hoy dicha comisión ya roza el colapso: es lenta, burocrática, y ahora también violadora de derechos humanos.

“Quien tendría que dar todos esos apoyos es el Estado, no la CEAV. La función de la CEAV, y para eso hay algo que se llama SNAV, era articular al Estado alrededor, al sector salud, al educativo, al de trabajo, a todos, pero nunca sucedió (…) hoy tenemos esta comisión que es mas bien una oficina asistencialista, que ha generado una relación casi clientelar con las víctimas”,  dice Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

Desinterés por parte de las autoridades

La Ley General de Victimas promulgada el 9 de enero de 2013 estableció en su artículo 79 la creación del SNAV como la instancia central y superior para la “coordinación y formulación de políticas públicas”. Su objetivo – en resumen – era proponer, ejecutar y supervisar todas las acciones que hagan posible la protección y reparación del daño a las víctimas.

Al SNAV lo conforman representantes de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de los distintos órdenes de gobierno, así como la CNDH y organismos relacionados con derechos humanos. Lo encabeza el presidente de la República quien, según el artículo 83 de la ley, debe convocar al pleno del SNAV a sesionar de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses, y de forma extraordinaria las veces que se requieran.

De forma extraordinaria no ha sesionado ni una vez, aun y cuando 2018 y 2019 fueron años consecutivos con registros récord de víctimas de homicidio y feminicidio.

“El Sistema Nacional es un espacio de coordinación entre todas las instancias de los tres niveles de gobierno que tiene la obligación de atender a las víctimas. Es convocado por el presidente y si no se ha vuelto a reunir desde 2014 es porque Enrique Peña Nieto no lo volvió a convocar, ni el actual presidente tampoco. No se puede generar una política de atención integral a víctimas si ni siquiera las instituciones que están a cargo logran sentarse”,  señaló Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS.

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Abandono del sistema

El informe oficial de la Comisión concluye que no ha habido voluntad del Estado Mexicano de operar conforme a lo que mandata la Ley de Víctimas, situación ha propiciado que la CEAV deje de ser una instancia de coordinación, para convertirse en responsable de la atención de las víctimas “en casi todos los aspectos”.

Los abogados Noé Franco Pacheco y Reyna Velasco, cuyo despacho ha representado a cerca de medio centenar de víctimas ante la CEAV, coinciden en señalar que el Sistema Nacional no funciona y que “para fines prácticos no existe”: predomina el total deslinde de las instituciones y del Estado, incluso de las que son las responsables de violar los derechos humanos.

Por citar solo un ejemplo, los abogados refieren el caso de una de sus representadas: Elvira Santibañez, detenida en febrero de 2015 por elementos del Ejército Mexicano en Ajuchitán, Guerrero. La captura se realizó tras un cateo ilegal, en el que además Elvira fue torturada por los militares.

En 2017 la CNDH confirmó que la mujer había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, y emitió la recomendación 4/2017 en la que ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reparar el daño causado por sus elementos.

“La Sedena lo único que hizo fue aceptar la recomendación, pero respecto a Elvira no hizo nada. Le pasó todo el tema a la CEAV y con eso dice que cumplió. ¿Dónde está el fundamento legal para eso? No existe. Es la Sedena la que tendría que reparar, indemnizar, porque fue su personal. Con ellos se tendría que hacer el acuerdo, y cuando no le alcance o haya que dar algún apoyo entonces entra la Comisión de forma subsidiaria. Pero así no ocurre”, dice Reyna Velasco.

La ley General de Víctimas contempla el denominado Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral, del que la CEAV destina recursos a las víctimas. Noé Franco subraya que el dinero que de ahí se toma debería ser repuesto por las instituciones que violan los derechos humanos. “Es el espíritu de la ley, pero ni eso sucede”, concluye.

Este abandono del Estado, puntualiza Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS, debería ser objeto de un llamado de alerta del Presidente desde el pleno del Sistema Nacional de Víctimas, para que las cosas cambien. Pero para ello tiene que reunirse y sesionar lo que, como ya se dijo, no ocurre.

“Para eso debería ser el Sistema, para articular al Estado y llamarlo. Pero hasta ahora ese sistema es solo de papel”, dice Renaux.

Los estados: un rompecabezas incompleto

Si a nivel nacional el SNAV padece de omisiones y desinterés, en los estados las fallas son estructurales: en el 85% de las entidades ni siquiera ha terminado de constituirse. Apenas cinco estados (Veracruz, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Guerrero) cuentan con todos los componentes básicos que marca la ley para que el sistema funcione, con independencia de la calidad con que lo haga.

Un diagnóstico de IDHEAS revela, por ejemplo, que hay 11 estados en donde hasta la fecha sigue sin existir una comisión local de atención a víctimas. Es, en promedio, uno de cada tres estados del país. Entre ellos se encuentra la misma Ciudad de México.

Hay 19 estados que tienen una ley de víctimas desactualizada que no ha sido armonizada con las reformas de 2017. Hay un caso extremo que es el de Guanajuato, donde ni siquiera existe norma alguna al respecto.

En 14 entidades federativas no existe todavía un registro de víctimas, el cual es literalmente el punto de partida de los procedimientos de apoyo. Hay 15 estados que carecen del fondo de apoyo para víctimas, lo que hace imposible costear cualquier medida integral de apoyo. Y en 17 entidades no cuentan con asesores jurídicos para brindar representación legal a las víctimas.

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