El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hará obligatorio que líderes sindicales y de asociaciones civiles presenten, de manera pública, sus declaraciones patrimoniales, esto, porque gran parte de los recursos que reciben provienen precisamente de los gobiernos de los estados y de inyecciones financieras de la administración federal.
López Obrador, contemplaría, para llevar a cabo su plan, una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para crear una ley federal de combate de conflictos de interés.
Aunque el político tabasqueño declarara en días pasado que no se va a entrometer con la vida sindical de la maestra, Elba Esther Gordillo, se dio a conocer que buscará que líderes como ella, presenten sus declaraciones patrimoniales porque, al recibir dinero del erario, automáticamente se deberían convertir en sujetos obligados, tal como los servidores públicos.
La ley, que entraría en vigor en cuanto inicie la próxima administración, prohibiría estrictamente que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consaguinidad se vinculen al amparo de un cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales e internacionales.
Con la correcta implementación del proyecto, el gobierno federal se estaría ahorrando 764 millones 239 mil pesos para la próxima administración por la eliminación de los conflictos de interés.
