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Lo cotidiano

Para callar bocas y silenciar vidas, se necesita más que una ley de seguridad interior

Durante la madrugada de hoy viernes 15 de diciembre, como una especie de aguinaldo para todos los mexicanos, el Senado de la República aprobó, con 10 modificaciones, la famosa y discutida Ley de Seguridad Interior.

Pasadas las tres de la mañana, y después de acaloradas discusiones que más bien parecían disputas de mercado, los senadores aprobaron con 76 votos a favor y 44 en contra la polémica ley que, entre otras cosas, permitirá que el ejército asuma el control de la seguridad interior del país, dejando a su conveniencia y a su interpretación el modo y la manera en que se pueda emplear el uso de la fuerza en contra de los ciudadanos o para proteger a los mismos.

Esto, según la visión de muchos académicos y activistas de la organización civil, es un anuncio premeditado del estado hacia toda la población en el que indica claramente que las policías municipales y los consejos de seguridad ciudadanos, además de otras dependencias encargadas de la seguridad, no están lo suficientemente capacitadas para combatir a la delincuencia y que, por tal motivo, y a partir de la presunta inoperancia de los estados y los municipios, se prefirió darle vía libre al ejército para comandar la seguridad en las calles a pesar de que ésto, a todas luces, es inconstitucional y atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía.

La fracción parlamentaria encabezada por el PRI y seguida por sus fieles aliados como Nueva Alianza y el Partido Verde y algunos panistas rebeldes que más bien parecen súbditos amantes de posar sobre sus rodillas, afirman que lo único que hicieron fue crear un marco jurídico para proteger al mismo ejército y para regular sus funciones en las calles de todo el país. Su argumento se limita a decir que la única institución capaz de confrontar y apaciguar las llamas que prendió en su momento Felipe Calderón al iniciar una obstinada e insulsa guerra contra las drogas es el ejército mexicano y que éste, como símbolo patriótico y soberano, jamás atentaría contra los derechos humanos y civiles de los mexicanos.

Sólo hay que abrir los libros en donde está escrita la historia contemporánea de nuestro país para darnos cuenta si tal aseveración es real o sólo una declaración hipócrita y hueca como una esfera navideña.

La matanza estudiantil de 1968 fue perpetrada por el ejército mexicano. El famoso halconazo, en 1971, en donde murieron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la misma Universidad Nacional Autónoma de México también fue auspiciado por las balas y los fusiles del honorable ejército. La matanza a indígenas de Acteál en 1997 fue llevada a cabo por la obediente y sobrevalorada institución militar. La masacre de Tlalaya, Estado de México, fue una muestra más de que el ejército está a las órdenes del ejecutivo y que, en cierta medida, y por cuestiones relacionadas con la disciplina y la lealtad, a veces sólo fungen como sicarios oficiales del presidente de la república. El matadero en Michoacán, documentado por la revista Proceso en donde murieron decenas de civiles inocentes a manos de la Policía Federal y del ejército, en ese entonces obedeciendo  al ahora Director de la Comisión Nacional del Deporte y amigo personal de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo, también fue una prueba clara de que los derechos humanos han sido violados, pisoteados, escupidos y hasta sodomizados por el ejército mexicano bajo las órdenes del gobierno federal.

¿Cómo queda parada la ciudadanía? ¿A caso fueron escuchados los miles de ciudadanos que se instalaron en la afueras del Senado para persuadir a los legisladores para que votaran en contra de una ley que el pueblo no quiere que levite entre ellos? ¿Cómo evitar que personajes como Emilio Gamboa Patrón, vividor del erario y uno de los políticos más longevos de este país haya dicho y divulgue con el pecho inflado que el pueblo no manda y que quien toma las decisiones sólo son los senadores?

A partir de las experiencias vividas, de la sangre que ha navegado sobre nuestros pies, de los miles de huérfanos y viudas y de las millones de familias que han quedado incompletas a causa de la violencia inducida por el estado, ¿cómo siquiera se atreven a pensar que se confíe en una institución que ha sido el bélico y sádico ejecutor de las represiones ordenadas por el gobierno durante más de 80 años? ¿Cómo no pensar que todo esto se está aprobando con urgencia antes de que se lleven a cabo las elecciones en 2018? ¿Cómo no pensar que ante cualquier tipo de manifestación post – electoral el ejército no va a ser mandado a las calles para reprimir y callar conciencias?

Los legisladores promotores de esta ley, afirmaron que de ninguna manera se van a reprimir cualquier tipo de manifestaciones políticas, religiosas o sociales siempre y cuando no sean violentas. Lo interesante del caso es que quien va a evaluar si son violentas o no es el mismo el gobierno, que tomará la posición de juez y parte y podrá interpretar a su antojo la situación para poder tomar decisiones que atenten contra la seguridad y los mismos derechos humanos y civiles de los mexicanos.

La historia relata que los mexicanos hemos sido una sociedad eternamente violentada y reprimida por quienes han estado en el poder. Millones de vidas han sido apagadas, incontables bocas han sido selladas con cinta canela y con golpes contundentes de odio y represión en el pecho. Aún así, y a pesar de la supuesta democracia que se ha venido simulando desde la alternancia con Vicente Fox en el año 2000, los mexicanos no se han callado; han sufrido, los han matado, los han señalado, los han menospreciado pero jamás se han callado.

Hoy, después de quedar demostrado que el poder legislativo y el gobierno en general no escucha y está alejado del pueblo, es tiempo de que éste se organice y exija por sobre todas las cosas el cumplimiento de sus derechos más elementales, sólo de esa manera podremos empezar a construir un verdadero país libre, democrático y pacífico.

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