César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia, reapareció por medio de sus abogados para acusar a Javier Corral Jurado ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por utilizar la «Caravana por la dignidad» porque, según dijo, «es electoral».
Claudia Pastor Badilla, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, junto con otros funcionarios, interpusieron la denuncia por la probable comisión de delitos electorales. En ésta, se especificó que Corral habría utilizado recursos públicos ilícitos, una campaña política para desprestigiar al PRI y la realización de actos tendientes a incidir en el proceso electoral. Además, se afirmó que todo el movimiento tiene como única finalidad beneficiar la imagen del Partido Acción Nacional de cara a las próximas elecciones.
La misma denuncia, presentada ante la Procuraduría General de la República, relató que Corral utilizó recursos del erario para la colocación de anuncios espectaculares y para financiar la caravana. Además, el abogado de César Duarte puntualizó que muchos trabajadores del gobierno del estado se unieron al movimiento a pesar de que estaban en días y horas hábiles y que lo que está haciendo Corral es una transgresión a los derechos humanos de su defendido.
La reaparición de César Duarte no sucedió porque lo hayan extraditado de los Estados Unidos. El contacto fue por medio de sus abogados y siempre a la distancia.
El ex gobernador enfrenta cargos por peculado agravado al presuntamente haber desviado dinero del erario chihuahuense para beneficiar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.
Según el mismo Javier Corral, Duarte, durante su gestión como gobernador, desvió alrededor de mil millones de pesos.
Cabe señalar que, a partir de la investigación que realizó la Fiscalía de Chihuahua, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda, presuntamente habría retenido depósitos previamente convenidos para el gobierno de Chihuahua, en lo que fue, según Javier Corral, un acto de represión por combatir los actos de corrupción del partido en el poder.
