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Caso Marco Tulio: una deuda del Estado mexicano con los migrantes

El asesinato del migrante hondureño Marco Tulio a manos de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Coahuila cumple un año hoy entre la falta de una sentencia para quien fuera señalado como responsable del homicidio y la deuda pendiente del Estado para la reparación del daño a su familia.

La tarde del 31 de julio de 2019 un grupo de migrantes que hicieron una escala en la colonia 5 de mayo de Saltillo fue sorprendido por elementos de la corporación estatal que los persiguieron y les dispararon. Marco Tulio recibió las balas cuando corría con su hija pequeña y murió minutos después.

Según la recomendación 058/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), al centroamericano le sembraron un arma y droga para justificar la agresión.

Entre los puntos que el organismo defensor pidió a las autoridades estatales y de procuración de justicia está una indemnización cercana a los 3 millones de pesos para la esposa y los dos hijos de Marco Tulio.

A decir de reportes periodísticos publicados en Vanguardia entre junio y julio de este año, la entrega del recurso está a la espera de que el Diario Oficial del Estado publique el decreto correspondiente.

La notas autoría del periodista Armando Ríos recogen las declaraciones del ombudsman coahuilense, Hugo Morales Valdés, quien reconoce que también queda pendiente la disculpa pública que la Fiscalía de Coahuila debe emitir por los hechos ocurridos.

En cuanto al destino judicial de Juan Carlos “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en perjuicio del centroamericano, no ha habido más audiencias desde agosto del año pasado cuando el Centro de Justicia Penal aprobó seis meses de investigación complementaria para el desarrollo del caso. Sin embargo, han sido otorgadas diversas prórrogas.

En entrevista para Red es Poder a principios de año y publicada dentro del reportaje Coahuila: donde el respeto a los derechos humanos depende de un pasaporte, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl señaló que aunque la recomendación de la CDHEC fue histórica, también está débil en cuanto a la corresponsabilidad institucional entre mandos medios y altos de la corporación encargada del operativo en que fue asesinado el migrante.

“Por desgracia el costo legal no es así y nada más se le está juzgando al joven que disparó y se están quedando en la impunidad los cargos medios y altos que permitieron que esta persona fuera parte de la Fiscalía y asumido como una persona capacitada sin serlo, ya que estos operativos siempre son a cargo de una persona superior que no fue señalada”.

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