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The Chemours Company: el medio ambiente en las manos de los tribunales

El 9 de marzo del 2018, elementos de la policía municipal de Gómez Palacio, así como estatales de Durango, reprimieron una manifestación conformada por integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio que protestaban por la instalación de The Chemours Company, empresa que pretende fabricar cianuro de sodio en la Comarca Lagunera.

En ese momento, surgieron dos versiones encontradas: la primera, que los uniformados respondieron a una agresión por parte de los manifestantes y la segunda, que los inconformes reaccionaron ante acciones de represión que imprimieron las autoridades.

En aquel momento, 49 personas fueron detenidas, de las cuales 5 fueron menores de edad  y 10  mujeres. Además, otras 10 personas terminaron hospitalizadas.

De acuerdo con Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la montaña, durante las primeras horas posteriores a las detenciones, hubo tortura hacia los manifestantes arrestados, fueron incomunicados o aislados, se usaron técnicas de coacción psicológica para que se autoinculparan o traicionaran a sus compañeros, los hicieron firmar hojas en blanco y las compañeras  fueron hostigadas sexualmente.

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El 25 de noviembre del 2019, en nota publicada por el diario La Jornada, se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abocaría a resolver el amparo contra la construcción de Chemours Company.

El amparo 839/2019, presentado por la Asociación Civil Pro Defensa del Ciudadano, impugna la autorización que ya había dado la Semarnat para continuar con la construcción de la planta.

Originalmente, el amparo fue desechado porque no se acreditó que «la quejosa tenga un interés jurídico para reclamar los actos de autoridad,  pues no acreditó la existencia ni titularidad de un derecho pro­tegido por la ley, como podría ser el de propiedad o posesión, de ésta o de sus asociados, de algún inmueble ubicado en el ejido de Dinamita, Durango, o comunidades circundantes donde se construye la planta de cianuro de sodio.»

Pobladores de los ejidos El siete, Pueblo Nuevo, Abisinia, El Volado, Numancia, entre otros, han manifestado su preocupación porque la instalación de la empresa canadiense pondría en riesgo la calidad del agua y del medio ambiente de la zona. Además, las puertas de la fábrica, que actualmente continúa en construcción, están a escasos metros de la plaza principal de uno de los poblados.

El Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el 14 de junio del 2018 el artículo «¿Cianuro o vida? Las batallas contra The Chemours Company México», en donde el autor explicó por qué la firma no ha logrado instalarse en suelo mexicano.

En 2016, The Chemours Company pretendió instalar una planta química en San Luis de La Paz, Guanajuato, el objetivo era producir 65 mil toneladas de ciaunuro de sodio al año. El proyecto, inmediatamente encontró un enemigo, las comunidades y organizaciones civiles que se opusieron a la instalación y operación de la empresa en sus tierras.

Tras varios meses de disputa, estudios, amparos, recolecciones de firmas y manifestaciones, el 6 de abril del 2017 la SEMARNAT rechazó la solicitud de Chemours de autorizar el proyecto para instalar su fábrica en Guanajuato.

El mismo artículo publicado por la UNAM, narra que un mes antes de que la SEMARNAT desistiera definitivamente el proyecto de Chemours en el poblado guanajuatense, esta compañía ingresó otra solicitud para el proyecto de Chemours Laguna, mismo que estaría ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

«En esta ocasión, la DGIRA autorizó el proyecto Chemours Laguna el 08 de mayo de 2017 en la localidad El Siete, del municipio de Gómez Palacio, Durango, por 30 años. Ese mismo día, las comunidades afectadas acudieron a la Sala especializada en materia ambiental del Tribunal federal de justicia administrativa para demandar la nulidad de la resolución.», detalla el artículo.

El 24 de julio del 2017, el Gobernador José Rosas Aispuro y la entonces alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Alé, colocaron la primera piedra del proyecto Chemours Laguna, sin embargo, el 22 de agosto del mismo año se presentaron las primeras acciones legales en contra de la construcción de la planta.

Los conflictos continuaron hasta que llegó la violenta represión, el 9 de marzo del 2018, citada en párrafos anteriores.

Tras más de dos años de la represión, y luego de los amparos, luchas constantes y pronunciamientos, el estatus de la obra aún continúa suspendido, sin embargo, el conflicto continúa en los tribunales. La Semarnat no ha revocado su permiso, tal como lo hizo con el proyecto de San Luis de La Paz y los integrantes del Frente Unido continúan señalando que la obra civil de la compañía nunca ha parado definitivamente.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no permitirá la instalación de ese tipo de empresas en el país, sin embargo, no se ha vuelto a pronunciar públicamente sobre el tema.

The Chemours Company plantea invertir 3 mil 200 millones de pesos para la instalación de la fábrica de cianuro de sodio. De acuerdo con el proyecto, se generarán mil empleos nada más para la construcción y otros 300 de tiempo completo para la operación de la planta.

Apenas el 9 de marzo del 2020 el Frente Unido llevó a cabo una manifestación simbólica en las puertas de la compañía para reafirmar su postura: evitar a toda costa la instalación de la fábrica de cianuro de sodio.

La lucha social continuará su camino, mientras tanto, la justicia tendrá dos opciones: seguir el precedente del caso de Guanajuato y denegar definitivamente la construcción y obvia operación de la compañía o dar luz verde y hacer caso omiso a las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, activistas ambientales, académicos y la de los propios propios pobladores.

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